¿Juventud criminal?
En tragedias causadas por errores humanos es fácil caer en condenas facilonas; cuando son causadas por ineptitud, corrupción o complicidad, es fácil buscar chivos expiatorios, justificaciones políticas o caer en el engaño de los directamente responsables, que se erigen en jueces y confunden.
En 1968 y en 1971, se reprimió y asesinó a jóvenes que se manifestaban en demanda de sus derechos: se les acusó de delincuentes; se les imputó el delito de “disolución social”; se dieron “razones de Estado”. Sus líderes históricos e ideólogos —muchos de ellos ahora en el gobierno capitalino—, siguen recordando esos actos de brutal violencia y los siguen reprobando.
La tragedia del 20 de junio, en un antro de la Ciudad de México, se distinguió desde el principio por la manipulación, el silencio y, finalmente, el intento de engaño por parte de quienes deberían ser los primeros en asumir su responsabilidad.
Más allá de linchamientos políticos es conveniente reflexionar sobre la manera en que se concibe ser joven desde el gobierno. Sobre todo ser joven y pobre en zonas marginadas de nuestra ciudad.
Parece que es un crimen tener 19 o menos años; peor aún si se vive en una zona del DF como la colonia Nueva Atzacoalco, que se ha distinguido durante décadas por tener “hoyos funkies”, “tocadas”, o “antros” improvisados en los que los jóvenes desfogan sus ganas de divertirse, porque no tienen otras opciones.
No existe justificación para lo sucedido, aún en el supuesto de que hubiese jóvenes bebiendo, ¿son delincuentes por ese sólo hecho? o ¿son producto del fracaso de todos nosotros por no construir espacios para su distracción y desarrollo integral?, ¿de qué se les encontró culpables de antemano para llegar con granaderos y judiciales?
No era una multitud manifestándose de manera violenta, no era una reunión clandestina que planeaba el derrocamiento del gobierno local, no era una reunión de criminales organizándose para llevar a cabo atentados contra la policía del DF. Era un montón de jóvenes divirtiéndose de la única manera que podían.
Llama la atención, la estrategia del gobierno local: por un lado asumió que debe enviar un informe detallado a la Presidencia de la República, misma a la que ha ignorado hasta este suceso. ¿Por qué?
Con este reconocimiento implícito al jefe del Ejecutivo y la promesa de llegar hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”, Marcelo Ebrard se lavó las manos, se erigió en juez e intenta no sólo salir airoso de este problema, sino convertirse en héroe: “Todos los días me estoy reuniendo con los familiares, a diario, porque estoy supervisando personalmente, por un lado, todos los testimonios que deben darme a mí, el Jefe de Gobierno, no al Ministerio Público; en segundo lugar, porque tengo que estar seguro de que lo que ocurrió es, primeramente, lo que se me está informando”, declaró hace días.
Sin embargo, lejos de tranquilizar, esta declaración alarma. ¿Por qué primero a él y no a la Procuraduría General de Justicia del DF?, ¿acaso no confía en su propia Procuraduría?, ¿tan grande es el nivel de corrupción y de complicidades en las policías locales que ni el mismísimo Jefe de Gobierno confía en ellas?
Todo esto refleja que existe no sólo una visión tergiversada de la juventud desde los mandos policíacos de la capital, sino también una visión tergiversada del papel de la policía judicial desde la Jefatura de Gobierno: Ahí están las jóvenes golpeadas y desnudadas para atestiguarlo y las más de 30 denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos local.
Ser joven no implica ser criminal, como ser policía no implica ser corrupto. Pero los uniformados vieron en cada muchacho un potencial delincuente o extorsión; los jóvenes vieron en cada policía un potencial agresor. A esto se añadió la ineptitud, la corrupción, las complicidades acumuladas por años y la falta de atención de funcionarios que se preocupan más por cuidar su imagen a futuro que por cumplir con sus obligaciones. Se generaron vacíos de autoridad que dan lugar a abusos, a violaciones de los derechos humanos, a impunidad, que por lo general son el catalizador de tragedias como la del News Divine y que pueden repetirse fácilmente ante la total impunidad.
¿Qué hacer ante esto? La respuesta la tienen el Presidente de la República y Marcelo Ebrard; y ésta no necesariamente debe ser la destitución del alto mando policiaco, sino cambios estructurales: en la atención a los jóvenes, en el combate a la corrupción de policías, en permisos para antros, licencias de funcionamiento y en la impartición de la justicia.
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