El gobierno de EE.UU. presenta una demanda contra la ley de Arizona

7 Jul

El gobierno de EE.UU. presenta una demanda contra la ley de Arizona
Marcia Facundo
BBC Mundo

El fiscal general de EE.UU. argumenta que la aplicación de la ley “desviará recursos”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes una demanda contra la nueva ley de Arizona que criminaliza la inmigración de indocumentados.

La demanda “Estados Unidos de América vs. el estado de Arizona y Janice K. Brewer, gobernadora del estado de Arizona en su capacidad oficial”, fue depositada ante la corte federal del Distrito de Arizona en la capital estatal, Phoenix.

El desafío del gobierno estadounidense a la ley SB1070 –que deberá entrar en efecto el próximo 29 de julio- se fundamenta en el principio constitucional de que el derecho federal está por encima del de los estados.

“El régimen general legal de la S.N. 1070 es inválido porque establece una política de inmigración al nivel estatal que interfiere con las administración y la aplicación federal de las leyes de inmigración”, indica el documento.

La ley SB1070, que fue promulgada el 23 de abril pasado, obliga a los agentes policiales de Arizona a hacer cumplir las leyes de inmigración federales.

La controversial normativa establece que es un crimen estatal no poseer los documentos migratorios y exige a la policía local determinar el estatus de las personas que le parezcan “razonablemente sospechosos” de ser indocumentados.

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La Casa Blanca también sometió ante el tribunal federal una moción para que sea detenida la implementación de la ley hasta que el caso sea resuelto.

Serie de recursos

La ley SB1070 fue promulgada el 23 de abril pasado.

Expertos legales habían señalado que con la legislación, el estado de Arizona está creando su propia política respecto a la inmigración, que es un área asignada al gobierno federal.

Pero la gobernadora Jan Brewer aseguró que el estado tomó la medida por la frustración ante la falta de una política migratoria del gobierno federal para detener la inmigración de indocumentados.

Tres jefes de la policía de Arizona se declararon a favor de la demanda en declaraciones juradas que fueron depositadas ante la corte federal de la capital de Arizona.

Los aguaciles de Phoenix Jack Harris, de Tucson Roberto Villaseñor y de Nogales Tony Estrada expresaron su oposición a que los agentes policiales se vean en la obligación de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Con esta demanda del gobierno del presidente Barack Obama suman siete los recursos judiciales que han sido presentados ante los tribunales desafiando la medida.

Una de ellas es la demanda “Friendly House V. Whiting” interpuesta el pasado 17 de mayo por una coalición de organizaciones comunitarias que afirma que la legislación interfiere con la autoridad y el poder federal sobre los asuntos migratorios.

El consejo de la ciudad de Los Ángeles decidió unirse a la querella y someter una moción ante las cortes de Arizona para que se revierta la ley.

Otros recursos contra la legislación que han sido presentados son: “Coalición Nacional de Clérigos Latinos y Líderes Cristianos v. el estado de Arizona”, “Escobar v. Brewer” de un agente policial de Tucson, “Salgado v. Brewer”, de un agente de la patrulla fronteriza del departamento de la policía de Phoenix y “Frisancho v. Brewer”, de un residente de Washington D.C. que planea visitar a Arizona.

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Confianza de Brewer

La promulgación de la ley provocó una fuerte movilización ciudadana.

Sin embargo, la gobernadora Brewer ha expresado confianza en que su controversial legislación triunfará en los tribunales estatales.

Paul Senseman, subjefe de gabinete de Brewer, encargado de comunicaciones, indicó a BBC Mundo que Brewer “confía en que la ley de Arizona es constitucional y que al final será declarada constitucional por nuestra rama judicial del gobierno”.

Senseman apuntó que la gobernadora había previsto que la ley sería desafiada ante los tribunales, al igual que ha ocurrido con otras normas de Arizona sobre la inmigración de indocumentados.

En efecto, una ley aprobada en 2007, que castiga a los propietarios de compañías que contratan a indocumentados ha experimentado desde entonces un largo recorrido por tribunales de EE.UU. hasta llegar ante la Corte Suprema que actualmente estudia una demanda interpuesta por grupos empresariales y organizaciones de defensa de los derechos civiles.

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