Dios y el césar

5 Jul

Dios y el césar

EL PAÍS / EDITORIAL

Los casos de pederastia que persiguen a la Iglesia católica son una seria amenaza para la Santa Sede, más allá del escándalo que producen. Al rechazo social que genera el goteo de evidencias y el encubrimiento sistemático de los delitos por parte de la jerarquía católica le han seguido ahora dos graves desencuentros diplomáticos con Bélgica y Estados Unidos. El caso belga estalló el pasado 24 de junio, cuando por orden de la fiscalía la policía hizo varios registros, uno de ellos en la catedral de Malinas, donde los agentes se incautaron del ordenador del ex primado belga Godfried Daneels y buscaron en la tumba del apóstol de la unidad belga, el cardenal Joseph Mercier, pruebas de abusos sexuales a menores. Los agentes, mientras tanto, retuvieron a los prelados presentes, a los que previamente se les requisó los teléfonos móviles. Cuatro días más tarde, el Tribunal Supremo de Estados Unidos daba la razón a un juez de Oregón, que ha negado la inmunidad diplomática a la jerarquía eclesiástica, acusada de encubrir a un cura pederasta ya fallecido. El propio Papa figuraría como último responsable.

Roma ha apelado a la inmunidad diplomática de la cúpula eclesiástica para intentar frenar las causas abiertas. Pero la justicia civil acumula demasiadas pruebas de cargo como para hacer la vista gorda o seguir confiando las investigaciones a estamentos controlados por la propia Iglesia. De ahí que la policía se incautara de los 475 informes que poseía la comisión de investigación patrocinada por la Conferencia Episcopal belga y que, tras una década, apenas había hecho avances. La comisión, ofendida por tal intromisión, se disolvió al día siguiente.

La reacción de la Santa Sede es contraproducente. Exigir para los prelados un trato distinto del que hubiera recibido cualquier ciudadano en un registro policial o apelar a la inmunidad diplomática para delitos comunes denota una exasperante resistencia a la persecución de los delitos. La jerarquía católica, en su huida hacia adelante, se aferra a ese antiguo y perdido poder geoestratégico que le ha permitido mantener un estatus de privilegio en la escena internacional (es miembro de la ONU y la Santa Sede está reconocida por 174 países) y desarrollarse como un Estado dentro del Estado. Ha tenido que ser un democristiano, el primer ministro belga Yves Leterme, quien le haya recordado que es competencia de la ley civil la persecución de los delitos y que hay separación de poderes entre la Iglesia y el Estado moderno.

Los escándalos sexuales están erosionando la autoridad moral de la Santa Sede, la más importante de una institución religiosa. Su ciega estrategia defensiva solo sirve para sacudir aún más los cimientos sobre los que se asientan sus relaciones con el mundo. Ratzinger, tras cinco años de papado, ha emprendido una renovación de la curia que es, a todas luces, un gesto irrelevante frente al tamaño de los desafíos que tiene por delante.

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