Un sector de los jueces exige un mayor control de su salud mental

30 Sep

Un sector de los jueces exige un mayor control de su salud mental

La comisión disciplinaria del Poder Judicial constata las dificultades para jubilar a magistrados con padecimientos psíquicos que están en activo

M. C. BELAZA / M. ALTOZANO – Madrid – 20/03/2008  | Elpais.com 

Un bombero, un policía o un piloto, para poder serlo tienen que demostrar que están en sus cabales, en pleno uso de sus facultades mentales. Tienen que pasar pruebas psicotécnicas y de personalidad. Un juez, el encargado de decidir si alguien debe pasar 35 años en la cárcel, no. Tampoco va a ser evaluado durante sus años de ejercicio profesional. ¿Y si sufre depresiones severas, tiene un trastorno bipolar o esquizofrenia? El procedimiento para jubilar a los jueces por incapacidad es lento y complicado. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, encargada de sancionar a los magistrados, acaba de alertar de una realidad conocida en la judicatura: hay jueces con graves problemas de salud mental que continúan en sus puestos de trabajo y toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos.

  

  

El caso del juez Ferrín Calamita reabre la polémica de la inhabilitación

No existe una ‘segunda fila’ donde destinar a jueces con patologías

El caso del juez de familia Fernando Ferrín Calamita, recientemente suspendido de su cargo y sancionado por denigrar a los homosexuales en sus resoluciones, ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de hacer normas específicas para afrontar este problema. Ferrín ha reconocido que sufre una “depresión reactiva en fase aguda” y que, al menos desde 1995, padece de “distimia”, una alteración del estado anímico, y de “estrés laboral”. Sus problemas de salud mental duran ya más de 12 años, pero sólo en 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, decidió practicarle un examen médico para decidir sobre su jubilación por incapacidad. El procedimiento aún no ha concluido. La comisión disciplinaria del CGPJ elevó un informe al pleno en febrero en el que pedía que se trataran estos problemas. Este órgano, al que llegan las quejas y las denuncias, reconocía que había “constatado la enfermedad psíquica de determinados magistrados que siguen realizando sus funciones de manera irregular”. Esta situación, según el informe, supone “un perjuicio para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y para la efectiva tutela judicial de los ciudadanos”.

El pleno del CGPJ rechazó adoptar medidas al respecto alegando que, planteado así, el asunto produciría una alarma social injustificada. Y el portavoz, vocal conservador Enrique López, negó que hubiera una preocupación especial por estos casos. Sin embargo, la comisión disciplinaria del Poder Judicial no es la única alarmada. Asociaciones como la progresista Jueces para la Democracia también piden que se articulen medios para que los jueces con graves anomalías no puedan seguir actuando. Y un informe de octubre de 2006 del Poder Judicial reconocía que había en esos momentos unos 30 jueces con “padecimientos psíquicos”.

“Que hay jueces que no deberían trabajar por problemas psíquicos lo sabemos todos en la carrera”, señala Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia. “Formalmente trabajan, pero no ponen sentencias o las que ponen tienen carencias importantes”. Tapia afirma que sería necesario un control psicológico previo al acceso a la judicatura, como el que existe en otros países. “Y después, el servicio de inspección del Consejo del Poder Judicial tiene que actuar con celeridad en cuanto detecte algún problema y adoptar medidas cautelares. Estos casos en seguida se saben. Pero a veces el propio Consejo es cómplice y espera a que lleguen denuncias formales ante situaciones que son sobradamente conocidas. Cuando se toma una decisión, el juzgado suele estar absolutamente colapsado y las decisiones del juez han afectado ya a muchos ciudadanos. Esto no puede ser. Ante todo, debe primar siempre el servicio público que es la jurisdicción”, concluye.

¿Cuál es el problema? ¿Por qué se deja durante años actuar a un juez claramente incapaz de ejercer su función? Una de las razones principales parece ser económica. Los jueces se oponen a ser incapacitados porque la reducción del sueldo es muy notable. “Casi el 60% del salario son complementos y eso no se tiene en cuenta a la hora de la pensión, por lo que los jueces jubilados pasan a cobrar menos de la mitad”, explica Lorenzo del Río, portavoz de la asociación moderada Francisco de Vitoria. “Por eso, a diferencia de otras profesiones, los miembros de la carrera judicial rechazan sistemáticamente la jubilación ante los tribunales médicos”, añade el vocal progresista del Poder Judicial, Javier Martínez Lázaro.

Otro problema es que no hay reglas especiales para jueces y magistrados, que están sujetos a las mismas normas que el resto de funcionarios. “No tienen unas causas de incapacidad específicas distintas de las de otros funcionarios”, explica Martínez Lázaro.

Pero el trabajo que desempeñan es muy diferente. Hay patologías que en otras profesiones no incapacitarían a la persona pero que impiden ejercer la función jurisdiccional. El trabajo de un juez se basa en la argumentación, en la razón, y cuando están en órganos unipersonales la responsabilidad total y absoluta recae sobre ellos. Pero los médicos que evalúan la incapacidad no son siempre conscientes de este hecho diferencial.

“En la judicatura no existe una segunda fila donde destinar a jueces con patologías que impiden tomar decisiones trascendentes pero no inhabilitan para un trabajo normal”, señala Martínez Lázaro. “Un fiscal, por ejemplo, puede dejar de acudir a juicios y dedicarse únicamente a hacer informes, pero los jueces y magistrados toman decisiones importantes todos los días.

“Hay jueces que tienen problemas para tomar decisiones, son dubitativos y no ponen sentencias”, señala Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria. “Podrían, a lo mejor, hacer algún trabajo de apoyo, pero no estar al frente de un juzgado. Quizá para estos casos u otros que no sean muy graves podría hablarse de una incapacidad parcial y destinos de segunda. Es verdad que hay una laguna en la regulación que hay que definir”.

Por todas estas razones, el Consejo General del Poder Judicial solicitó al Ministerio de Justicia hace unos años que se articulara un sistema propio para estos casos controlado por el gobierno de los jueces en lugar de por la Seguridad Social. Ese nuevo sistema incluiría unas causas de incapacidad propias para magistrados, unidades evaluadoras específicas y establecería un período transitorio de seis años durante el cual el juez tendría derecho a cobrar el 80% de su sueldo. Así, el perjuicio económico no sería tan importante y los jueces se opondrían menos a dejar sus cargos cuando no pueden ejercerlos. Esta propuesta, que exigiría una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha sido escuchada por el momento.

Mientras tanto, no es frecuente, pero sí posible, que los ciudadanos se encuentren a un juez depresivo, con ansiedad, que argumenta de forma absurda sus sentencias o que tarda tres años en ponerlas. Son casos contados, pero con una enorme trascendencia. Porque cada juez ejerce, por sí solo y de forma independiente, uno de los tres poderes del Estado. El de impartir justicia.

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Una respuesta to “Un sector de los jueces exige un mayor control de su salud mental”

  1. Indefenso 16 octubre 2008 a 7:55 AM #

    Creo que no sòlo se deberìa hacer un examen mental periòdico a los jueces
    sinò a los miembros del CGPJ(osea a los Jefes de los Jueces).Lo que digo
    viene motivado por lo siguiente:
    1º)A un ciudadano INDEFENSO,el Juez Ferrin Calamita le cobrò reiteradamente
    unas cantidades evidentemente duplicadas.
    2º)Cuando el ciudadano pretendiò reclamar la devoluciòn de las cantidades
    que este juez inepto le cobrò por duplicado “”A TRAVÈS DE LOS CORRESPON-
    DIENTES RECURSOS PREVISTOS EN LAS LEYES” le pasò lo siguiente:
    A)Se le mantuvo INDEFENSO,llegando a decirle algunos abogados lo siguiente:
    Abogado Ana Soria Moneva: “No voy a presentar ningùn escrito en el juzgado
    para reclamar que le devuelvan su dinero,pòrque me ha dicho el Sr. Juez
    (Ferrin Calamita) que si le dejo en evidencia no me deja ganar màs juicios”
    Abogado Andrès de Funes Monge: “Vàyase a su casa y estèse alli tranquilito
    pòrque en Huesca no va a encontrar a ningùn abogado que le defienda”,
    Otros cuantos abogados. “No podemos ir contra los jueces,pòrque sinò, se
    nos hechan los “compañeros” encima y tenemos que abandonar la profesiòn”
    etc,etc.etc. .Vista la clase de “Estado de Derecho” que padecìa, el
    ciudadano INDEFENSO recurriò ante la Comisiòn de Peticiones del Congreso
    de Diputados. La Comisiòn de Diputados se dirigiò al CONSEJO GENERAL
    DEL PODER JUDICIAL, y `la Presidencia del CGPJ, contestò de la siguiente
    forma impunemente:
    — CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL–
    Escrito enviado por la Presidencia del CGPJ de fecha 28 de Octubre 2004
    (fecha de Salida 17 de Enero de 2005 nº 25/1696 )firmado por el Excmo.Sr.
    D. Francisco Josè Hernando Santiago, y dicho escrito dirigido a la Presi-
    dencia del Senado Excmo.Sr. D. Francisco Javier Rojo Garcia.
    TEXTO DEL ESCRITO: ” Por escrito registrado de entrada en el Consejo
    General del Poder Judicial (ojo) con fecha 3 de diciembre pasado (osea
    de fecha 3 de diciembre de 2003),la Presidencia del Senado nos REITERA
    la contestaciòn a las peticiones nùmeros 245,252,341,377,385,388,390,393,
    y 394…”. Se añade en el mismo escrito de 28 de Octubre de 2004 que
    “En el ANEXO que sigue se individualiza la respuesta correspondiente a
    cada uno de los expedientes afectados”.
    En el ANEXO del citado escrito el CGPJ,la presidencia del CGPJ
    dice lo siguiente a la Presidencia del Senado:
    “La peticiòn nùmero 341(870/341/2) es presentada por (nombre del ciuda-
    dano) en queja por los errores “interpretativos y numèricos” cometidos
    por el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca en proce-
    dimiento de divorcio,dicha peticiòn fuè valorada por la COMISIÒN DISCI-
    PLINARIA DEL CONSEJO,que acordò su archivo por tratarse de una “cuestiòn
    jurisdiccional que SOLO PODRÌAN SER JURIDICAMENTE ATACADAS A TRAVES DE
    LOS CORRESPONDIENTES RECURSOS PREVISTOS EN LAS LEYES”. “…SOLICITA EL
    CIUDADANO QUE SE CUMPLAN LAS SENTENCIAS DEL JUZGADO DE HUESCA,EN CUANTO
    A LA PATRIA POTESTAD COMPARTIDA,QUE SE CUMPLA SU DERECHO A SABER EN QUE
    COLEGIO ESTUDIAN SUS HIJOS,QUE SE LE REINTEGREN LAS CANTIDADES INDEBIDA
    MENTE RETIRADAS DE SU NÒMINA Y QUE SE CORRIJAN LOS ERRORES QUE FIGURA EN
    LA DOCUMENTACIÒN QUE MENCIONA.(ojo)TERMINA AFIRMANDO EL CIUDADANO QUE
    SIGUE ESPERANDO EL INFORME DEL CGPJ,por lo que, ademàs de adjuntar foto-
    copia de las decisiones adoptadas por el Consejo sobre este asunto,
    SE ADJUNTARÀ TAMBIEN, PARA CONOCIMIENTO DEL INTERESADO,UNA COPIA DEL
    INFORME ELABORADO EN SU DIA POR EL SERVICIO DE INSPECCIÒN”.
    Hasta aquì lo afirmado por la Presidencia del CGPJ.
    1º)Demuestran lo “eficaces” que son para contestar:
    a)una queja del año 2002 la “contestan” con fecha de salida de Enero del
    año 2005. ¿Dando ejemplo a los jueces de “rapidez” en la tramitaciòn?
    Ello despues de haber sido REITERADA por la Presidencia del Senado.
    2º)El CGPJ le llama “cuestiòn jurisdiccional” a un “choriceo” de dinero
    en una Nòmina de un ciudadano que DENUNCIA SU INDEFENSION.
    3º) Al ciudadano que denuncia su INDEFENSION,osea,su imposibilidad de
    formular recursos previstos en las Leyes, le dicen, que “solo puede
    recuperar su dinero con recursos”. Creo no necesita màs comentarios.
    Simplemente decir,que al parecer para el CGPJ el artìculo 8 de la
    Declaraciòn Universal de Derechos Humanos parece que NO EXISTE…SALVO
    PARA PISOTEAR DICHA DECLARACIÒN.
    4º)Como prueba de su manera de dejaciòn de obligaciones contraidas,dirè
    que,la Presidencia del CGPJ,dice en el Anexo del escrito de fecha 28 de
    Octubre de 2004 a la presidencia del Senado que “…SE ADJUNTARÀ PARA
    CONOCIMIENTO DEL INTERESADO, UNA COPIA DEL INFORME ELABORADO EN SU DIA
    POR EL SERVICIO DE INSPECCIÒN”.
    Pues bien, el ciudadano , transcurridos CUATRO AÑOS, no tiene
    conocimiento siquiera,de que se haya “elaborado” ningùn informe por el
    Servicio de Inspecciòn del CGPJ.
    ¿Recuerdan los internautas y ciudadanos en general,que el CGPJ se
    intentò quitar responsabilidades en el caso del asesinato de la niña
    MariLuz Cortès,dicièndo que no sabian nada “pòrque las inspecciones se
    hacian de forma ALEATORIA”? . Pues en el caso de los juzgados de Huesca
    las denuncias son varias,concretas, y con jueces muy concretos y por
    hechos muy claros. …La actuaciòn del Excmo. Defensor del Pueblo,es
    merecedora de capìtulo aparte. Parece que en los temas judiciales
    “todo sigue atado y bien atado” ¿Todos los españoles iguales ante la Ley?

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