RESEÑA HISTÓRICA DE LA RESISTENCIA Y LA REBELIÓN DE LOS PUEBLOS

26 ene

EL DELITO POLÍTICO EN COLOMBIA

CAPITULO I

RESEÑA HISTÓRICA DE LA RESISTENCIA Y LA REBELIÓN DE LOS PUEBLOS

El 11 de septiembre de 2001 el mundo presenció en directo a través de la televisión los atentados terroristas contra los mayores símbolos de la civilización occidental: las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono, expresión máxima de seguridad del mundo globalizado. La superpotencia, gendarme único y autoproclamado del mundo desde el fin de la guerra fría, demostró su vulnerabilidad. Todo el poder imperial que le ha permitido sembrar odio, miseria y terror en distintos lugares del planeta en nombre de la libertad y la democracia, originó estos hechos de venganza que han de cambiar la historia de la humanidad. ¿En qué queda hoy el derecho de resistencia de los pueblos frente a la opresión, el derecho a la autodeterminación y soberanía de pueblos subyugados? ¿Cómo se afectarán los alcances logrados en materia de derechos humanos? Frente a la guerra contra el terrorismo que no tiene fronteras y la profundización de las asimetrías militares, económicas y sociales, ¿en qué quedarán los nobles propósitos del Derecho Internacional Humanitario?

En todo caso, la represión indiscriminada o selectiva contra todos aquellos que sean calificados como terroristas, no impedirá que los sentimientos de rebeldía se sigan expresando a lo largo y ancho del planeta. La única manera de avanzar hacia la paz es asegurando un orden internacional justo, con seguridad democrática; un Estado social de derecho universal sería la mejor forma de prevenir toda clase de terrorismo, tanto el que practican los Estados como el reactivo que asumen ciertas causas religiosas, sociales o políticas. Si todo lo que se invierte en la represión del delito se invirtiera en prevenirlo, el mundo sería más seguro.

En el mundo globalizado de hoy, entramos a la era del terrorismo, en el que cualquier forma armada de resistencia, o incluso no expresamente armada, puede llevar a esta odiosa calificación. Las vestiduras de occidente se rasgan en la paranoia de la inseguridad y la Carta de las Naciones Unidas se invoca o se interpreta al antojo de quienes gobiernan la aldea global o por sus subditos que administran los precarios Estados-nación en grave crisis de soberanía. El terrorismo se convierte en oportunidad para anular y desnaturalizar el derecho de resistencia frente a poderes nacionales y transnacionales que someten a tres cuartas partes de la humanidad a un estado permanente de miseria, de opresión y de abiertas o sofisticadas formas de tiranía, incluso bajo el ropaje de democracias formales. En la actualidad, se hace necesario plantear cuáles son los problemas fundamentales por los que atraviesa la humanidad y si es legítimo o justo el rebelarse contra estas formas de dominación en el orden mundial o nacional. Los nuevos dueños del statu quo se proclaman dueños de la justicia, de la libertad, de la democracia y de la razón. Todo el que atente contra el sistema imperante ya no será tratado siquiera como delincuente político, sino como terrorista y, por tanto, como un enemigo universal.

Para hacer frente a esta inercia, recordemos que en el itinerario histórico los avances sociales, políticos, económicos, culturales e incluso científicos han sido posible gracias a aquellas personas y aquellos pueblos que se han rebelado contra los poderes establecidos.

Podemos afirmar que el derecho a la resistencia se ha utilizado a través de la historia de la humanidad como un derecho de los pueblos para liberarse de la tiranía y la opresión de quienes ejercen arbitrariamente el poder: “Hace muchos siglos se denomina derecho de resistencia el ejercido por los subditos para lograr la cesación de comportamiento tiránico asumido por autoridades que abusan grave y reiteradamente de sus competencias. Este abuso se identifica con el ultraje hecho a la justicia mediante actos violatorios de los bienes jurídicos fundamentales -la vida, la integridad, la libertad, la seguridad, etc.- cuya ejecución no han logrado los ciudadanos hacer prevenir y sancionar con el auxilio de instrumentos pacíficos de control y freno del poder. Entre esos instrumentos están el ejercicio de recursos y acciones judiciales, las apelaciones al ministerio público y las campañas de denuncia por la prensa y otros medios de comunicación. Cuando todos los mecanismos de refrenamiento pacífico fracasan, los agredidos por la autoridad tiránica tienen, dadas ciertas condiciones, el derecho inalienable a defenderse con el uso de la fuerza: a entrar en insurrección contra la tiranía”. (1)

De esta definición derivamos que el derecho a la resistencia involucra varias formas de exigibilidad y “justiciabilidad” de los derechos y libertades, que pasa por la desobediencia civil y llega hasta el extremo de la rebelión armada cuando las necesidades la imponen. El autor citado habla de tres formas de resistencia: una resistencia pasiva fundamentada en acciones de la no violencia; una resistencia activa que puede ser legal, si emplea mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico o insurreccional,si opta por el recurso a la fuerza armada y se manifiesta como un levantamiento. (2)

Para precisar el tema de que se ocupa este escrito, cabe resaltar que: “El derecho a la resistencia insurreccional bien puede ser definido como el derecho inherente de todo ser humano a rechazar el acontecimiento de un gobierno que se ha colocado en la posición del agresor injusto. Así como es legítimo que una persona defienda un derecho propio o ajeno contra la injusta agresión de un particular, y que el Estado rechace todo ataque armado proveniente del exterior, no contraría ni el derecho ni la justicia que los miembros de la comunidad política repelan a quienes, haciendo un uso retorcido de la autoridad pública, amenazan los bienes jurídicos primordiales de los ciudadanos. El derecho a resistir es el derecho del pueblo a la legítima defensa” (3). Según el mismo autor Mario Madrid Malo: “Por pertenecer al ámbito de la defensa legítima, el ejercicio del derecho de resistencia tiene los mismos requisitos que exige el de la defensa privada: necesidad de amparar derechos ciertos e indiscutibles, inexistencia de otro medio idóneo para evitar o repeler el ataque, injusticia de la agresión, actualidad o inminencia del peligro y, por último, proporcionalidad entre la respuesta y la ofensa (4). La acción de un pueblo que se levanta contra la tiranía participa esencialmente de los caracteres de la otrora llamada guerra defensiva”. (5)

TIRANICIDIO

En la historia de la humanidad, la resistencia a regímenes tiránicos, antidemocráticos y represivos no constituye delito alguno, sino que constituye un derecho. Como antecedentes más inmediatos del derecho a la resistencia está el tiranicidio, doctrina que en los siglos XV y XVI cobra su mayor fuerza. Tal doctrina estableció que éste era un derecho cuando no hubiere forma distinta de solución. Pensadores como Confúcio (quien los llamó ladrones del camino real), Teofrasto, Séneca, Quintiliano y Luciano defendieron el tiranicidio como medio de redención de los pueblos oprimidos. El mayor defensor de esta doctrina fue el padre jesuíta Juan de Mariana, quien en su famoso libro De Regeet Regís Institutione ad Philipus III, publicado en 1599, expresó: “Es saludable que éste sepa (el príncipe) que si oprime la república, será expuesto a ser asesinado, no sólo con derecho sino con aplauso y gloria de las generaciones futuras”. Tomás de Aquino también consintió la figura del tiranicidio, aduciendo que la resistencia a una autoridad injusta no es sedición. En Suma teológica, rechazó la doctrina del tiranicidio; sin embargo, sostuvo la tesis de que los tiranos debían ser depuestos por el pueblo.

Conceptos actuales nos enseñan “la voz tirano para referir en general a aquél que gobierna por el terror -imponiendo, principalmente por la violencia, su arbitrio-en perjuicio de las libertades fundamentales de los subditos”. (6)

La tiranía es un sinónimo de un gobierno ilegítimo, y esa ilegitimidad puede ser por la forma de acceso al poder o por los abusos cometidos durante su ejercicio, para algunos “puede provenir ya de la forma como accedió al poder (vgr. por golpe contra las autoridades legítimamente constituidas), ya de la comisión de gravísimos y repetidos desafueros que desvirtúan de manera total el sentido y el fin de la autoridad (vgr. suspensión generalizada de las libertades públicas, cierre de las cámaras legislativas, aherrojamiento de la judicatura, exterminio de los opositores, etc.)” (7). Para el caso colombiano, ante una grave y sistemática violación de los derechos humanos cabe preguntarnos si estamos frente a un gobierno legítimo, formalmente democrático pero a su vez sustentado en la exclusión económica y política.

En la Edad Media, Juan de Salisbury, en su libro Hombre de Estado, dice: “Cuando un príncipe no gobierna con arreglo a derecho y degenera en tirano, es lícito y está justificado su deposición violenta”, y recomienda que contra el tirano se use el puñal aunque no el veneno.

Martín Lutero proclamó que cuando un gobierno degenera en tirano y vulnera las leyes, los subditos quedan liberados del deber de obediencia. Su discípulo Felipe Helanchton sostuvo que es legítimo el derecho de resistencia cuando los gobiernos se convierten en tiranos. Calvino, el pensador más notable de la Reforma, desde el punto de vista de las ideas políticas, postuló que el pueblo tiene derecho a tomar las armas para oponerse a cualquier usurpación.

Nadie menos que un jesuíta español de la época de Felipe II, Juan Mariana, en su libro De rege et regis institutions, afirma: “Cuando el gobernante usurpa el poder o, cuando elegido, rige la vida pública de manera tiránica, es lícito su asesinato por un simple particular, directamente o valiéndose del engaño, con el menor disturbio posible”.

El escritor francés Francisco Hosnan sostuvo que entre gobernantes y subditos existe el vínculo de un contrato, y que el pueblo puede alzarse en rebelión frente a la tiranía de los gobiernos cuando éstos violan aquel pacto.

Los reformadores escoceses Juan Knox y Juan Poynet sostuvieron que es legítima la resistencia a los gobiernos cuando oprimen al pueblo y que es deber de los magistrados honorables encabezar la lucha, y en el libro más importante de ese movimiento, escrito por Jorge Buchman, se dice: “Si el gobierno logra el poder sin contar con el consentimiento del pueblo o rige los destinos de éste de una manera injusta y arbitraria, se convierte en tirano y puede ser destituido o privado de la vida en último caso”.

Juan Altusia, jurista alemán de principios del siglo XVII, en su Tratado de política, dice: “La soberanía, en cuanto autoridad suprema del Estado, nace del concurso voluntario de todos sus miembros; la autoridad del gobierno arranca del pueblo, y su ejercicio injusto, extralegal o tiránico, exime al pueblo del deber de obediencia y justifica la resistencia y la rebelión”.

Más cercano en el tiempo, en el siglo XVII, en Inglaterra, fueron destronados dos reyes, Carlos I y Jacobo II, por actos de despotismo. Estos hechos coincidieron con el nacimiento de la filosofía política liberal, esencia ideológica de una nueva clase social que pugnaba entonces por romper las cadenas del feudalismo. Frente a las tiranías del derecho divino, esa filosofía opuso el principio del contrato social y el consentimiento de los gobernados, y sirvió de fundamento a la Revolución Inglesa de 1688 y a las revoluciones americana de 1775 y francesa de 1789. Estos grandes acontecimientos revolucionarios abrieron el proceso de liberación de las colonias españolas en América, cuyo último eslabón fue Cuba. El derecho de insurrección contra la tiranía recibió entonces su consagración definitiva y se convirtió en postulado esencial de la libertad política.

Ya en 1649, John Milton escribe que el poder político reside en el pueblo, quien puede nombrar o destituir reyes, y tiene el derecho de separar a los tiranos. John Locke, en su Tratado de gobierno, sostiene que cuando se violan los derechos naturales del hombre, el pueblo tiene el derecho y el deber de suprimir o cambiar de gobierno. “El único remedio contra la fuerza sin autoridad es oponerle la fuerza”.

Juan Jacobo Rousseau dice con mucha elocuencia en su Contrato social’.”Mientras un pueblo se ve forzado a obedecer y obedece, hace mejor recuperando su libertad por el mismo derecho que se la han quitado… Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad de hombre, a los derechos de la humanidad, inclusive a sus deberes. No hay recompensa posible para aquel que renuncia a todo. Tal renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre, y quitar toda la libertad a la voluntad es quitar toda la moralidad a las acciones. En fin, es una convicción vana y contradictoria estipular, por una parte, con una autoridad absoluta y, por otra, con una obediencia sin límites…”

Sólo escritores reaccionarios se opusieron a este derecho de los pueblos, como aquel clérigo de Virginia (Estados Unidos), Jonathan Boucher, quien dijo: “El derecho a la revolución es una doctrina condenable derivada de Lucifer, el padre de todas las rebeliones”.

EL DERECHO DE RESISTENCIA EN LAS PRIMERAS CARTAS DE DERECHOS HUMANOS

Con la paulatina aparición de las constituciones demoliberales o burguesas, se pasó de la doctrina del tiranicidio al derecho a la resistencia. Así por ejemplo, la Declaración de Derechos de Virginia proclamada el 12 de junio de 1776, expresó:

“Que el gobierno es o debe ser instituido para el común provecho, protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad; que de los varios modos o formas de gobierno, el mejor es aquél que es capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad, y ofrece mayor garantía contra el riesgo de una mala administración; y que cuando un gobierno fuera manifiestamente inadecuado o contrario a estos principios, una mayoría de las comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e imprescriptible de reformarlo, alterarlo o abolirlo en la forma que juzgue más conveniente al bienestar público”.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, adoptada por el congreso continental de Filadelfia el 4 de julio de 1776, firmada por John Hancock, John Adams, Samuel Adams, Josiah Bartlett, Carter Braxton, Thomas Lynch, Arthur Middleton, Thomas M’Kean, y Lewis Morris, dice: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos, se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o aboliría e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores posibilidades de alcanzar su seguridad y felicidad… Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad”.

Durante el siglo XVIII, la tiranía fue asimilada a la monarquía rescatando las ideas de la Política de Aristóteles: “La tiranía es la monarquía que tiende al interés del monarca… una monarquía en la que el soberano gobierna a su antojo sobre la colectividad política”. (8)

En consecuencia, la insurgencia es legítima por cuanto el tirano rompe el pacto social, desconoce las reglas del juego con el ejercicio del poder, pasando de gobernante a un agresor injusto del pueblo, legitimándose este último para asumir una defensa individual y colectiva para deponer al tirano.

Durante todo el siglo XIX, esa doctrina fue constantemente invocada por lo independentistas latinoamericanos. El acta de la constitución del estado libre e independiente del Socorro (15 de agosto de 1810) empezaba diciendo: “El pueblo del Socorro, vejado y oprimido por autoridades del antiguo gobierno, y no hallando protección en las leyes que vanamente reclamaba, se vio obligado… a repeler la fuerza con la fuerza”.

De igual manera, durante el siglo XX la Iglesia católica legitimó el derecho a la resistencia. En 1937, en la encíclica Firmissimam Constantiam, Pío XI afirma:

“…Cuando llegara el caso de que (los) poderes constituidos se levantasen contra la justicia y la verdad hasta destruir aun los fundamentos mismos de la autoridad, no se ve cómo podría entonces condenarse el que los ciudadanos se unieran para defender la nación y defenderse a sí mismos con medios lícitos y apropiados contra los que se valen del poder público para arrastrarle a la ruina” (9). En 1967, en la encíclica Populorum Progressio, Paulo VI sostiene que “en caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de las personas y damnifícase peligrosamente el bien común del país” (10)puede justificarse la insurrección revolucionaria.

En la actualidad, el tema de la resistencia también ha sido extensamente tratado por el filósofo francés Emmanuel Mounier: “Si ningún cristiano puede combatir el poder establecido por ambición personal o por gusto, hay un momento en que esta sumisión de hecho, según la tradición teológica, ya no es un deber para los gobernados. Es aquél en que el régimen se convierte en tiránico, es decir, en que el soberano, en lugar de gobernar en vistas al bien común, lo hace en vista de su propio bien privado” (11). La consideración es de pura estirpe tomista, porque presenta la acción resistente como un remedio extremo contra la actividad del gobierno que ha perturbado el orden justo.

También existe una declaración de una importancia mayúscula que ha sido poco conocida, la Declaración de Argel o Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, la cual fue promulgada el 4 de julio de 1976 por los pueblos del Tercer Mundo, los pueblos explotados, los pueblos víctimas de la expoliación imperialista. Esta declaración es un llamado a la unidad solidaria de los pueblos del sur para el derribamiento de las estructuras nacionales e internacionales del imperialismo y los sistemas coloniales. Es un clamoroso llamado a la lucha por la liberación de los pueblos y la autodeterminación de los mismos. En el artículo 28 de esta declaración, se lee: “Todo pueblo, cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados, tiene el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política o sindical, e incluso, como última instancia, por el recurso de la fuerza”.

Inclusive juristas de gran renombre se han pronunciado sobre el carácter de deber y de derecho que tiene la resistencia al oprobio. Así por ejemplo, el ilustre Pessina afirmó: “Hay momentos en la historia en los que no solamente es lícito, sino obligatorio, tomar las armas contra el poder social que traiciona su misión; y la revolución se convierte en necesidad imprescindible para un pueblo oprimido que debe dignificarse, sea expulsando a dominadores extraños, sea pisoteando el yugo de una casta que pisotea en lo interno las sacrosantas normas de derecho”.

La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, creada en Argel en 1976, en su parte considerativa dice: “Vivimos tiempos de grandes esperanzas, pero también de profundas inquietudes; tiempos llenos de conflictos y de contradicciones; tiempos en que las luchas de liberación han alzado a los pueblos del mundo contra las estructuras nacionales del imperialismo, y han conseguido derribar sistemas coloniales; tiempos de luchas y de victorias en que las naciones se dan, entre ellas o en su interior, nuevos ideales de Justicia; tiempos en que las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hasta la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, han expresado la búsqueda de un nuevo orden político y económico, internacional”.

“Pero son también tiempos de frustraciones y derrotas, en que aparecen nuevas formas de imperialismo para oprimir y explotar a los pueblos”.

“El imperialismo, con procedimientos pérfidos y brutales, con la complicidad de gobiernos que a menudo se han autodesignado, sigue dominando una parte del mundo. Interviniendo directa o indirectamente, por intermedio de la empresas multinacionales, utilizando a políticos locales corrompidos, ayudando a regímenes militares que se basan en la represión policial, la tortura y la exterminación física de los opositores; por un conjunto de prácticas a las que se les llama neocolonialismo, el imperialismo extiende su dominación a numerosos pueblos”.

“Conscientes de interpretar las aspiraciones de nuestra época, nos hemos reunido en Argel para proclamar que todos los pueblos del mundo tienen el mismo derecho a la libertad, el derecho de liberarse de toda traba extranjera, y de darse el gobierno que elijan; el derecho, si están sojuzgados, de luchar por su liberación, y el derecho de contar en su lucha con el apoyo de otros pueblos”.

“Persuadidos de que el respeto efectivo de los derechos del hombre implica el respeto de los derechos de los pueblos, hemos adoptado la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos”.

“Que todos los que a través del mundo libran la gran lucha, a menudo con las armas en la mano por la libertad de todos los pueblos, encuentren en la presente Declaración la seguridad de que su lucha es legítima”.

Los postulados de la Declaración de los Pueblos y su parámetros en los cuales es posible la plena vigencia de los derechos humanos, pueden sintetizarse así:

• Derecho a la existencia. Del pueblo, la comunidad, la nación (hasta llegar a ser Estado mismo); cada conglomerado, cada patria, en su propia identidad, en los límites propios, pero con su cultura propia, auténtica, original; respeto a su territorio (sin invasiones, sin violaciones, sin criminales intervenciones); ni masacres, ni torturas, ni persecución, ni deportaciones, ni implantación de condiciones que comprometan en todo o en parte su propia identidad, su integridad como grupo humano.

• Derecho a la autodeterminación política. Determinarse a decidir su destino por sí mismo; adoptar su forma política en el Estado: función básica, en la administración y función técnica. Sin recorte a las libertades de cada pueblo, rechazo al coloniaje, al imperialismo político o económico (Estados o transnacionales), lo mismo a toda clase de racismo; la autodeterminación, sólo limitada por el uso de la democracia real, que ampare a todo el conjunto social, en acción decidida y persistente para asegurar las libertades fundamentales.

• Derechos económicos. Las riquezas y recursos naturales de cada pueblo le dan el derecho exclusivo de empleo a los mismos. Si hubiere expoliación, el pueblo-víctima debe recuperar lo que le pertenece, obteniendo adecuada apropiación ante el hecho injusto del que haya sido sujeto pasivo; la ciencia y la tecnología al servicio de toda la humanidad para el uso, goce y usufructo de cada pueblo; igualdad de trato en las relaciones internacionales, por ejemplo, en el trato equitativo entre las partes contratantes; soberanía económica de cada pueblo y solidaridad entre todos los pueblos para el adecuado ejercicio de la economía nacional e internacional.

• Derecho a la cultura. Mantenimiento, enriquecimiento y buen uso de su propio idioma, para expresar con claridad sus conceptos en lenguaje sencillo y apropiado; defensa de sus riquezas artísticas, históricas y culturales. Todo pueblo tiene derecho a que no se le imponga una cultura extranjera.

• Derecho al medio ambiente y a los recursos naturales. Es la importancia de la ecología conservar, proteger, mejorar y velar por el medio ambiente: nuestro habitat, el escenario de toda vida y la probabilidad de subsistencia de la especie humana; propiedad común de algunos bienes de los pueblos del mundo (la altamar, el fondo de los mares y el espacio extra atmosférico); solidaridad internacional para desarrollo económico, empleo de los recursos naturales y sana política de ecología.

• Derechos de las minorías. Respeto permanente a la identidad, acervo de tradiciones, idiomas y, en general, del patrimonio cultural de la minoría que conviva con otros sectores de la comunidad nacional; no podrá haber ninguna diferenciación entre los derechos de las mayorías y los de las minorías y, por consiguiente, la participación en la vida colectiva deberá estar garantizada contra toda clase de discriminaciones, salvo a favor de los sectores vulnerables.

• Garantías y sanciones.

a. El ataque o menosprecio a los derechos de los pueblos debe provocar la sana reacción de la comunidad internacional.

b. Todo enriquecimiento ilícito de un pueblo a costa del perjuicio de otro, debe dar lugar a la restitución de los beneficios mal habidos.

c. Tratados, acuerdos o contratos que conduzcan a situaciones injustas no podrán tener efecto alguno y, por ende, el perjuicio que causa este tipo de dolorosas conductas debe ser reparado a favor del pueblo perjudicado.

d. Cuando el endeudamiento extemo se hace asfixiante, insoportable y oneroso, el pueblo perjudicado podrá alegar que la deuda no le pueda ser exigida.

e. Los tribunales penales internacionales podrán juzgar los crímenes contra los pueblos.

f. Los derechos conculcados de un pueblo deberán ser materia para la tarea destinada a hacer valer las formas de lucha reivindicativas, advirtiéndose en la declaración que “…incluso, como última instancia, por el recurso a la fuerza”.

g. Ante las organizaciones internacionales deberá permitirse la representación de los movimientos de liberación.

h. Deberá imponerse el respeto al derecho humanitario, tanto en conflictos extemos como en situaciones anómalas internas.

i. Cada pueblo tiene derecho a darse su propio modelo de desarrollo.

Como se ve, este instrumento contemporáneo es una carta de derechos sin la cual se considera que no es posible redimir los derechos de los pueblos y de los individuos para garantizar la erradicación de la miseria y todas las formas de tiranía u opresión.

En suma, el derecho a la resistencia, el derecho a la rebelión, han sido reconocidos a través de la historia. No obstante, cuando los pueblos se levantaron (violentamente o no) contra la injusticia, contra la miseria, contra la opresión, los Estados desconocieron el primigenio derecho a la resistencia y a la rebelión; consignaron en sus códigos penales lo que hoy se conoce como delito políticoque es el mismo derecho a la resistencia. Es decir, por obra y gracia de la voluntad de los Estados, se convirtió el ejercicio de un derecho en una conducta delictiva.

DERECHO DE RESISTENCIA COMO PARTE DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), promulgada el 10 de diciembre de 1948, en un considerando de su preámbulo, consagra: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

La DUDH es el instrumento fundamental sobre los derechos humanos que deben ser protegidos por un régimen de derecho, esto es, por un conjunto de normas jurídicas que prevengan y repriman su violación. Cuando tal régimen es desconocido por las propias autoridades, deja de cumplirse la primera finalidad de la comunidad política: conservar los derechos del hombre. Allí donde los gobernantes no reconocen efectivamente los derechos fundamentales de los gobernados, sino que, por el contrario, los hacen objeto de atropello continuo, surge una situación de injusticia, un estado de violencia institucional que las víctimas del agravio tienen derecho a impugnar y a impedir. Si tal situación se toma crónica e irremediable por vías menos rigurosas, la oposición a sus causas y efectos puede incluso llevarse hasta el recurso a las armas” (12).

El propio Concilio Vaticano II parece admitir la legitimidad del recurso a la fuerza al enseñar: “Cuando la autoridad pública, rebasando su propia competencia, oprime a los ciudadanos, éstos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica” (13).

En constituciones como la colombiana, el derecho de resistencia es por lo general un derecho innominado, es decir, un derecho que no aparece escrito pero que existe en la medida en que se deriva de la dignidad humana; por ser preexistente a la existencia misma de la organización política, se deriva directamente de la soberanía popular que pregona la Constitución.

Por otra parte, el artículo 94 de la Constitución de 1991 advierte que la enunciación de los derechos contenidos en el texto constitucional y en los instrumentos jurídicos internacionales vigentes “no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. Por ello el derecho a resistir no es un derecho negado por el constituyente colombiano por el hecho de que no esté positivado. Es un derecho no enunciado o innominado.

DEL DERECHO DE RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS AL DELITO DE REBELIÓN

El derecho de resistencia deviene en delito de rebelión que, como parte de la resistencia, se criminaliza. Las siguientes son acepciones extractadas del diccionario Planeta de la Lengua Española sobre la palabra rebelde, las cuales ayudan a determinar el concepto de este término.

“Rebelde: adj. y n.m. y f. Dícese del que se rebela o subleva// Dícese de la persona que no comparece en el juicio, después de llamada en forma, o que tiene incumplida alguna orden o intimación del juez// ad. Dícese de la persona o animal difícil de gobernar, educar…”

“Rebelde: quien incurre en una rebelión (v) // Desobediente // Insurgente // Sublevado // Revolucionario // Indócil // Insumiso // Insociable // Inadaptado // Indomable // Sordo a la razón // Insensible al sentimiento //. En las guerras civiles, bando opuesto al poder legítimamente constituido o del que por tal se tiene. // Combatiente o partidario de esas fuerzas, denominadas también facciosas (v)” (14). En otro grupo de significados, se indica: “quien incurre en rebeldía (v). // El que no comparece ante llamamiento de un tribunal militar o de otra jurisdicción. // El que se opone a las resoluciones y mandamientos de tales autoridades o quien no les da cumplimiento” (15).

“Rebelde: Que se opone o resiste a la autoridad, que se rebela o subleva. Anticuado rebele ‘rebelde’, del latín rebellis ‘rebelde, que hace la guerra de nuevo, que vuelve a empezar la guerra’, de re- de nuevo (véase re + bellum también dellum) ‘guerra (véase duelo)”(16).

Para Alejandro D. Aponte, el rebelde se enmarca dentro de los siguientes parámetros: “El rebelde fue concebido a la sombra del combatiente (del beligerante propio de los conflictos armados interestatales). La identidad de clase de los combatientes permitió en gran medida la incorporación de estatutos fundamentales de regulación y humanización de lo bélico, y dio claridad a la respuesta estatal en cuanto a los sujetos del delito de rebelión” (17).

En el siglo XX “se inaugura una ambigüedad estatal, una falta de claridad en la definición del estatus del rebelde. Obreros socialistas de los años veinte, campesinos que emergían como nuevos actores y que alimentaban reivindicaciones sociales, indígenas que luchaban por la tierra, todos ellos como nuevos sujetos políticos de la protesta popular, comenzaron a ser criminalizados en el horizonte de la rebelión” (18).

Las anteriores acepciones llevan a concluir que rebelde connota cambio de la estructura social; insubordinación a la ley existente; no comparecimiento a requerimiento judicial. En el proceso de ruptura, el rebelde aboga por sus ideas y las contrapone al juez que lo juzga. Propugna por un cambio en el sistema social imperante y a partir de ello establece el debate jurídico rechazando las garantías procesales que el mismo sistema le otorga; rechaza la defensa que se le impone para llevar a cabo sus propios alegatos jurídicos que en la práctica son verdaderos discursos ideológico-políticos del fin que su lucha persigue.

El poder supremo del Estado en la sociedad contemporánea lo destaca con enfático empirismo Von Jhering, al expresar: “El derecho puede, en mi opinión, definirse como el conjunto de normas en virtud de las cuales, en un Estado se ejerce la imposición. Los reglamentos sociales sancionados por la imposición pública constituyen el único derecho. El Estado es el poseedor soberano de esta imposición”. Primando siempre la razón última del Estado en la Edad Moderna, como lo recuerda el maestro Maggiori: “La historia nos enseña que, desde que existe el Estado, aunque sea en forma embrionaria, la agresión contra su existencia y su seguridad ha sido considerada como delito. En verdad, no se puede creer en el Estado y en su necesidad si impunemente lo dejamos ofender y poner en peligro”. Estas tesis dejan entrever el delito político como un ataque al derecho de resistencia para impedir afectar la razón de Estado.

Desde el punto de vista de la teoría objetiva, el delito político tiene varias definiciones: para Barsanti, era un ataque contra el Estado, contra su forma, sus poderes y su organización política, el cual se presenta como un acto de oposición a la seguridad del Estado; Prins lo definió como “una acción que unida a una intención conforma un atentado contra el orden político del Estado y contra sus condiciones de existencia”. Tristy lo definió diciendo que es una infracción contra la cosa pública”; Napodamo, por su parte, consideró al delito político como un acto natural cuya punición se funda en una razón intrínseca, igual a la que justifica la sociedad, y sobre la cual se basa la sanción de los delitos contra la sociedad misma. Conti señaló al respecto: “Ocurre reiteradamente que en la vida de los Estados no siempre marchan de acuerdo la conciencia jurídica y la conciencia política. La política admite que se han engendrado nuevas necesidades, y el derecho no dicta normas adecuadas a su protección y ejercicio. El equilibrio fundamental de las fuerzas políticas resulta roto por esta divergencia”.

Desde el punto de vista de la teoría subjetiva, Eugenio Florián definió el delito político en sentido estricto, diciendo que son las acciones que atacan directamente el orden político de un Estado determinado, es decir, las instituciones y las funciones políticas del Estado. La incriminación del delito político se funda en que constituye una violación de la ley de la mayoría, considerándola como un centro de gravedad de la organización del Estado.

Cuello Calón estima que los delitos políticos no constituyen peligros para la sociedad y considera que por el carácter excepcional u ocasional de sus infracciones se hacen acreedores del derecho público, y no merecen una sanción penal que pueda constituir una lucha desde el punto de vista moral.

Dentro del pensamiento cristiano, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino trata el tema bajo la denominación “De la sedición”, y manifiesta que es lucha entre partes de una misma sociedad o nación, calificándola como pecado mortal, si es opuesta a la unidad pacífica de la multitud social y, con ello, a la justicia y al bien común. En el punto 3°, precisa: “El levantamiento contra el régimen tiránico no es sedicioso, pues el verdaderamente sedicioso es el mismo régimen que antepone su bien particular al de la sociedad que esclaviza. No obstante, la revolución contra el régimen no es lícita si acarrea mayores males que la soportación de la tiranía”{Suma teológica, tomo VII, p. 1.017).

La posición de la Iglesia y los últimos pontífices sobre lo que debe entenderse por bien común ha sido fijada de la siguiente manera por Juan XXIII, en Pacen in Terris: “El bien común consiste y tiende a concretarse en el conjunto de aquellas condiciones sociales que consienten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de su propia persona”.

En la Europa del siglo XVIII se teorizó sobre el derecho de resistencia a la opresión y se pusieron límites a los poderes arbitrarios. A partir de criterios morales se pusieron talanqueras a los poderes arbitrarios del tirano, dándose un perfil ennoblecido al delincuente político, y un tratamiento benevolente, a la vez que se prohibió la extradición del opositor político.

Sobre el particular, Sebastián Soler sostiene: “Hasta las modernas constituciones, hijas del movimiento iluminista, la calificación de un hecho como un crimen majestatis era la causa del mayor repudio y de las sanciones más graves. En cambio, casi toda la doctrina de este delito construida a partir del siglo XVIII está concebida como la teorización del derecho de resistencia a la opresión. Los teorizantes políticos de la Ilustración se preocuparon sobre todo de poner diques a poderes arbitrarios, de manera que, juzgando con criterios morales, desde luego muy justos, trazaron una silueta ennoblecida del delincuente político, el cual, en las leyes democráticas fue considerado con especial benevolencia. El ejemplo típico de ese cambio se halla en los acuerdos de extradición que en la época absolutista miraban sobre todo a la entrega de esa clase de delincuentes, entrega que, en la actualidad, por regla casi universal está expresamente excluida”.

Debe circunscribirse el análisis del delito político dentro de un sistema democrático real y no dentro de un sistema democrático formal como el colombiano, donde no existe el principio de separación de las ramas del poder público, que deberían garantizar un control armónico entre las mismas; donde las libertades son una mera formalidad, y se convierten en “libertades para nada”; donde el pueblo no se expresa libremente y no existe una verdadera soberanía popular, siendo objeto y no sujeto de Estado, o sea, el pueblo al servicio del Estado, y donde los derechos humanos no existen.

En el campo del delito político, la norma penal y la cárcel son el reflejo de la venganza institucionalizada contra los opositores políticos, “cuando los consejeros son el interés y el miedo, sin amor a lo justo; cuando los jueces no son magistrados imparciales, sino las mismas partes interesadas, que buscan la razón de sus decisiones en el cálculo de las propias fuerzas, de las propias necesidades, de los propios temores o esperanzas; entonces resultan ciertamente pueriles los esfuerzos del jurista que pretende, desde su humilde escritorio, dictar preceptos que nunca serán escuchados por nadie” (Carrara, Opúsculo 3.937).

¿Qué relación guarda la cita anterior con la reciente y actual historia político-jurídica del país en el tratamiento de la delincuencia política? Su juzgamiento se atribuía antes a la Justicia Penal Militar por procedimientos abreviados (consejo verbal de guerra y artículo 590 del Código de Justicia Penal Militar) y se juzgaba a los delincuentes políticos como asociados para delinquir. En la actualidad, son juzgados por la Justicia Penal Ordinaria por medio de procedimientos especializados (Estatuto Antiterrorista y Estatuto para la Defensa de la Justicia), que superaron con creces la mentalidad represiva de la jurisdicción castrense, juzgándosele como terroristas.

Eugenio Florián, en su obra Delitos contra la seguridad del Estado, opina que el delito político debía ser beneficiado con especial represión, sin incluir dentro de ellos las acciones que atenían contra los Estados donde el pueblo es realmente el soberano.

Existe una nueva corriente dentro de los tratadistas de derecho penal, de no considerar delitos políticos los actos que atenían contra el pueblo, los intereses populares y la democracia, dejando fuera de esta distinción todos los actos movidos por un interés antidemocrático.

Hart Santamaría afirma: “En un Estado socialista no puede existir el delito político, pues es precisamente el sistema socialista el más avanzado en sus relaciones económicas, políticas y sociales. Con el triunfo de la Revolución de Octubre, surgió el primer Estado socialista del mundo, al cual se opuso la reacción contrarrevolucionaria, conformada por la clase despojada de sus antiguos privilegios que iba al rescate de sus intereses egoístas. Estas conductas no podían calificarse con el móvil altruista que caracteriza a la verdadera delincuencia política, pues pretendían el retroceso del poder de los obreros y campesinos a un régimen sociopolítico basado en el poder de un clase reaccionaria… A estos delitos, por sus propósitos retrógrados y reaccionarios, se les denominó delitos contrarrevolucionarios y no políticos”.

Jiménez de Asúa, al referirse al Código Penal soviético, planteó: “El Código Penal soviético de 1992 trata con dureza extrema a los contrarrevolucionarios y el uso de la pena de muerte en su forma de fusilamiento, casi con preferencia, para los autores de delitos políticos”. Y, al referirse al Código Penal soviético de 1926, dijo: “todavía se emplean rigores altos contra el delincuente político, puesto que se declara terminantemente que esa especie de infracciones constituyen los crímenes más graves”.

Luis Carlos Pérez, al expresarse sobre la Revolución Soviética, dijo: “Quien atente contra esa conquista que va en beneficio de todos los hombres, sin distinción ninguna, quien se dirija contra el sistema igualitario, es un criminal que debe ser eliminado si no existe posibilidad de que reconozca su error, o si el daño ha tenido tan grandes dimensiones que con él se ha perjudicado la comunidad entera”.

Fidel Castro, en el caso Cúbela, definió el delito contrarrevolucionario así: “El delito contrarrevolucionario es en gran parte una resultante del medio; los individuos nacen y crecen dentro de una sociedad de clases que la revolución trata de abolir. Este delito desaparecerá con la sociedad egoísta que lo engendró. La responsabilidad de los hombres es en gran parte condicionada por la realidad social donde se forma y la educación que recibe; la sanción revolucionaria es por encima de todo, una sanción y no un castigo”.

El general Uribe Uribe demostraba en el Congreso, a propósito de una ley sobre amnistía, que los delitos de rebelión siempre aparecen conexos con otros y que lo que se debe juzgar es la rebelión misma y no los otros delitos realizados, porque quien quiere una cosa tan grande como es derrocar al gobierno, debe pasar por situaciones intermedias que no son las de las vías pacíficas, las del lenguaje correcto, las de las buenas maneras, sino las de los delitos comunes descritos en la ley penal respectiva. Y entendía Uribe Uribe que el rebelde es rebelde porque ha sido vencido en su empresa.

En Colombia, el general Rafael Uribe Uribe, a quien unos recuerdan como héroe y otros como mártir, dijo sobre el fin de su lucha y de las luchas libradas por los delincuentes políticos: “¿Qué acto revolucionario hay que no quepa dentro del concepto de rebelión? Todos van dirigidos, o contra las autoridades, o contra las personas, o contra las propiedades. El revolucionario se alza contra el orden constituido; desconoce los empleados de todas las jerarquías y lucha contra ellos, puesto en armas; recluta, encarcela y recoge prisioneros; se bate hiriendo o matando a sus adversarios; levanta empréstitos forzosos, expropia mercancías para las tropas, toma ganado para su sostenimiento y caballerías y monturas para la campaña; penetra en las habitaciones y predios ajenos rompiendo puertas y cercas; en los combates, pone fuego a edificaciones y plantaciones y, en suma, echa mano de cualquier medio que esté al alcance para el logro de su fin… Triunfador, el revolucionario es el hombre que sacrifica la tranquilidad, los bienes o la vida en aras de un ideal. Es el salvador glorioso de la libertad, el padre de la patria y el guerrero enérgico que subordinó a la adquisición de la victoria los intereses individuales. Vencido, es encasillado dentro de las tristes y deshonrosas clasificaciones del Código Penal con el nombre de rebelde, guerrillero, ladrón, asesino, desalmado, sediento de botín y eterno enemigo del hombre, incapaz de ganarse la vida por medios honrados.. “ (19).

Y es que al delito político le son propios diversos actos que deben conducir a la realización del mismo. Si los rebeldes no se apoyan en su lucha con otras actividades que se enmarcan en los delitos comunes, para lograr su fin de derrocar el orden constitucional, es obvio que nunca alcanzarán el poder. Porque, ¿cómo se entendería una guerra irregular sin que los rebeldes acudan a sabotajes, ataques, emboscadas, expropiaciones, falsedad en documentos públicos, es decir, en una serie de delitos que son propios de un escenario insurreccional o revolucionario?

Luis Carlos Pérez, uno de los pocos que ha escrito sobre delito político, ha reiterado el carácter especial que éste tiene. En una de sus obras, sostiene lo siguiente: “Las conductas rebeldes. Las descripciones del artículo 125 son las de un tipo compuesto, alternativo y acumulativo. Compuesto, porque cada una de las conductas podría convertirse en tipo autónomo, perteneciente al mismo bien jurídico. Alternativo, porque los rebeldes escogen cualquiera de las varias finalidades determinadas. Y acumulativo, porque los agentes pueden proponerse no un solo objetivo sino dos o más de los cinco previstos” (20).

Bernardo Gaitán Mahecha, columnista de El Siglo y ex ministro de Justicia, escribía: “…La violencia que no se acallará hasta cuando se modifique la manera de pensar y cambie la ideología mercantilista, utilitarista y egoísta de la clase dirigente; hasta cuando se modifiquen las condiciones infrahumanas en que vive la mayoría del pueblo colombiano, se termine con las politicastros que hacen de la política una profesión lucrativa y se aniquile la improvisación gubernamental; se acabe con la corrupción administrativa; se produzca más y se reparta mejor. Que por todas estas cosas lucha la rebeldía colombiana… pero es algo más, es un hombre que se compromete con su ideal y que se pone en contradicción con la sociedad a la cual pertenece y que al sacrificarse dentro de ella, la incita a renovarse”.

Es pertinente citar también a Juvenal Herrera Torres, actor del conflicto interno, quien en su condición de preso político, decía: “Cuando los jefes liberales y conservadores se pusieron al frente de las guerras civiles, eso era ¡patriotismo! ¡Valor civil! ¡Doctrinarismo! ¡Militancia en acción! Pero en tratándose de los campesinos que luchan por recuperar la tierra, de los indígenas que se defienden de los desafueros de los terratenientes, de los obreros que reclaman lo que justamente merecen, los estudiantes que exigen libertades democráticas, de los ciudadanos que organizan un paro cívico hasta hacer sentir sus necesidades para impedir nuevas alzas en los servicios, o que se dan formas organizativas para luchar por un futuro de paz y de progreso, por una patria libre, por una sociedad sin opresores, eso es ¡Subversión! ¡Ilegal! ¡Ideas importadas! ¡Perturbación del orden! ¡Caos creado por agitadores profesionales! ¡Ardides del comunismo internacional! ¡Intromisión del castrismo! ¡Crimen organizado!”

“El egoísmo es al delito común lo que el altruismo al delito político. En tanto que el egoísmo es el reflejo psicológico del instinto de conservación del individuo, el altruismo es el del instinto de conservación de la especie, esto es, de la colectividad. El egoísmo es la columna vertebral de la concepción burguesa del mundo. El altruismo, la fraternidad de la humanidad liberada, es la concepción proletaria del mundo, es la concepción marxista-leninista”.

“El delincuente colectivo priva de la vida o de la hacienda, no por satisfacer su codicia o su odio contra el que personalmente le ofendió o aborrece, sino a fin de procurar medios pecuniarios con qué sostener su causa, o para combatir a los que la atacan; no persigue ni mata a un hombre como tal, sino como defensor de lo que él quiere destruir como funcionario, como autoridad, como representante de una institución, como parte de una casta o de una clase”.

El concepto de delito político ha pasado por las corrientes subjetiva y mixta, predominando en la actualidad esta última, pudiéndose destacar como principales elementos los siguientes: es una asociación político-militar contra el sistema burgués imperante; está guiada por principios filosóficos que trascienden los campos político, económico y social, ajena a los actos propios de la delincuencia común, como una moral colectiva y propendiendo por una mejor vida social; su accionar está orientado a transformar la realidad en que vive para lograr un mejor sistema, mejores normas, mejores instituciones, mejores gobiernos y, buscando que las viejas estructuras den paso a una nueva sociedad, más justa, más igualitaria, surgiendo un nuevo orden social.

Con respecto a la conexidad, Luis Carlos Zarate afirma que no hay una doctrina clara sobre el delito político y que la legislación nacional lo ha tomado de esa manera; para este autor: “Es también raro, en la práctica, que un delito político puro sea cometido sin estar precedidos de faltas o delitos de derecho común con los cuales él se encuentre más o menos estrechamente ligado, en razón del fin político único perseguido por uno o varios autores. El autor o autores del mismo pueden ser detenidos con la ejecución de sus planes políticos inmediatamente después de la perpetración del delito común, a continuación de la intervención de la justicia.. “(21).

El delito político ha pasado por dos etapas: la primera, la que lo consideró como un crimen majestatis donde debía tratarse con extrema dureza y la severidad; y la segunda por distintas corrientes del pensamiento se le atribuyen móviles altruistas, progresistas, ganando un tratamiento privilegiado y gran simpatía entre los pueblos. En la actualidad, no se consideran como delito político los actos que atenten contra los Estados democráticos y socialistas, considerándose estos delitos como comunes y contrarrevolucionarios, respectivamente, por atentar contra el pueblo, la democracia y la revolución.

En los códigos penales se da formalmente un tratamiento preferencial a los delitos políticos, lo cual se debe, por una parte, a la lucha de los pueblos en favor de quienes han luchado y luchan por su libertad y, por otra, a que el Estado burgués sólo usa su modelo represivo penal, cuando se ve obligado por las circunstancias, cuando no usa la tortura, el asesinato, el genocidio, la desaparición forzada, que no aparecen en sus constituciones y códigos.

En el caso colombiano han coexistido dos códigos penales: el Código Penal Ordinario que, en apariencia, le da un trato benevolente al delito político, y el Código Penal Especial de orden público, antiterrorista o especial, constituido en su mayoría por toda la legislación extraordinaria expedida durante el Estado de sitio, siendo sus máximos modelos, el Estatuto de Seguridad, y más recientemente, el Estatuto Antiterrorista y el Estatuto para la Defensa de la Justicia, donde se acaba prácticamente con el delito político y, por exclusión de materia, con su tratamiento preferencial, de cuyas normas todavía subsisten sistemas diferenciados para procesar a los rebeldes y/o terroristas conforme al Código Penal.

El sistema carcelario colombiano es antro de vicios, corrupción, inmoralidad y miseria; que busca aislar físicamente y aniquilar anímicamente al rebelde, con el propósito de que se olvide de sus ideales nobles y altruistas por los cuales luchó y fue encarcelado, y se contagie con los vicios allí reinantes. Sobre el particular, afirma Miguel Castells:

“La cárcel es la antisociedad y la cárcel también es parte esencial de una sociedad tangible, real y concreta que la necesita… La cárcel llena la finalidad que puede perseguir un determinado sistema de proceso político: La ejemplarización mediante el castigo; la eliminación, aislamiento del adversario de cara a las masas; la destrucción del enemigo… Son variados los elementos que juegan el proceso político. Pero no creo equivocarme si considero que en las sociedades de nuestro hemisferio, uno de los ejes principales sobre el que giran los sistemas políticos es la cárcel. La idea de la cárcel gravita obsesivamente sobre el proceso político” (Los procesos políticos: de la cárcel a la amnistía, pp. 13 y 16).

En Colombia, contra el preso político, además del aparato judicial, la cárcel se convierte en un instrumento adicional de venganza para quebrar la voluntad de resistencia de los individuos.

DEL DELITO POLÍTICO AL DELITO SOCIAL Y AL TERRORISMO

Pareciera que en la Segunda mitad del siglo XX y en los albores del actual se comienza a relativizar el delito político, para descalificar de manera más abierta al opositor político, y por ello se inicia una clasificación de puros y relativos. Los delitos políticos puros son los realzados con un móvil político y afectan exclusivamente el ordenamiento del Estado. Los delitos políticos relativos son los que con ocasión de realizar un delito de esta clase, lesionan un bien privado y que se asimilan a delitos comunes.

Poco a poco se elimina el concepto de delitos complejos pasando a la concepción de delitos conexos. Es delito complejo, el que con un solo acto lesiona el orden político y un bien privado; por ejemplo, el homicidio de un jefe de Estado. Es delito conexo, el que lesiona un bien jurídico privado, cuando se está en camino para la realización de un delito político; por ejemplo, el robo de armas para utilizarlas en una revolución; o cuando, originado por un móvil político, se atacan bienes privados como los transportes o se secuestran personas para incrementar las arcas del movimiento rebelde.

Por otra parte, se acuña el concepto de delito social, que es asimilado al delito común. Cuello Calón, observa: “Como delito social típico solía presentarse el delito anarquista, generalmente realizado por medios explosivos”. Pero a continuación advierte: “En contra de esta opinión, muy extendida, que mira el delito social, especialmente los crímenes anarquistas como delictiva juris gentium, algunos autores, sobre todo en Italia, los reputan como verdaderos crímenes políticos” (Delincuencia Política, 1940, p. 17).

Si se consideran los grupos insurgentes colombianos como terroristas, no podría haber en Colombia procesos de paz o de reconciliación; desde ese punto de vista no hubiera sido posible que el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame todas organizaciones insurgentes, se hubiesen acogido a las leyes de amnistías o indultos que permitieron su regreso a la sociedad civil, porque todos combatieron y mataron a los que consideraron sus adversarios, entonces por qué no reconocer a los aún no desmovilizados ni reinsertados su condición de rebeldes, cuando se propone el canje de prisioneros habría que pensar si realmente la pena cumple alguna función frente a los rebeldes, habría que pensar hasta dónde los rebeldes necesitan ser resocializados para que renuncien a las utopías, o si la pena es simplemente una retaliación “El delito es síntoma que denuncia enfermedades del organismo social”.

Era infructuoso hasta hace unos años buscar en los códigos penales un concepto de terrorismo porque no incluyen esa figura como delito, castigándose como homicidio, lesiones, asociación para delinquir, rebelión, y otros delitos de peligro común.

Hasta 1980, se introduce el delito de terrorismo en el Código Penal colombiano que se caracteriza por incluir dos elementos característicos: propósito de “crear o mantener un ambiente de zozobra o perturbar el orden público”.

En Colombia, la ambigüedad del tipo penal de terrorismo permite que se entienda por éste, conductas que, incluso, pueden responder al ejercicio de los derechos fundamentales a la huelga o a la protesta popular o social.

A raíz de los hechos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos los militaristas de todo tipo que pregonan la guerra, pero sólo quieren hacer correr sangre ajena, han encontrado un pretexto para encasillar a las agrupaciones insurgentes como organizaciones terroristas.

SURGIMIENTO DE LAS GUERRILLAS EN COLOMBIA COMO UNA FORMA DE RESISTENCIA ARMADA

En una entrevista concedida por Gloria Gaitán, hija del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en 1948, declaró: “Si uno analiza los momentos en que se inicia el genocidio al gaitanismo, que es en 1945, ve que no son acciones que estén aisladas del contexto político; es decir, a medida que el gaitanismo tiene más y más posibilidades de llegar al poder por la vía electoral, cada vez se va incrementando el proceso de matar deliberadamente a las figuras más connotadas del gaitanismo regionalmente. Eso, por un lado, demuestra que hay una correlación directa entre crecimiento del movimiento gaitanista y empleo de las matanzas colectivas sistemáticas, y no solamente regionales sino nacionales a la dirigencia gaitanista”.

“Pero si vemos por otro lado, también entendemos que hay la utilización de dos elementos: uno, la chulavizacion de la policía. Hay declaraciones muy directas y explícitas del gobernador de Boyacá, Pepe Villareal, diciendo que eso se encuentra en dos documentos: uno, el libro de Arturo Alape, sobre el bogotazo; y el otro, la recolección de memorias individuales firmadas por María Valencia”.

“Y ahí uno encuentra que la ‘godificación’, como lo han llamado, de la Policía se hace en declaraciones de Villarreal de una manera deliberada para tener una policía al servicio del régimen de la Unión Nacional, que era un régimen presidido por Ospina Pérez, pero con miembros de partidos liberales y conservadores. Los anteriores son los antecedentes del Frente Nacional. Y también la utilización tradicional y consciente de los sentimientos atávicos del pueblo hacia los partidos tradicionales”.

“Como se trata siempre de borrar la autoría de todos los genocidios y achacárselos al pueblo, es mucho más fácil decir que no fue una violencia deliberada de la oligarquía liberal y conservadora para exterminar al gaitanismo sino que fue una guerra bipartidista del pueblo liberal contra el pueblo conservador, es decir, ya ; no es el Estado el que tiene la culpa sino que es el mismo pueblo, es lo que sucede hoy. Es decir, las grandes masacres no las comete el Estado sino que las cometen los paramilitares. Cuando los paramilitares, tal como lo han denunciado organismos internacionales, están en estrecha vinculación con el ejército, es el mismo mecanismo. Como ya no les funciona tanto la violencia entre liberales y conservadores, ahora la tienen que hacer entre guerrilleros y paramilitares, para echarle la culpa a la gente común y corriente, a los campesinos y no al Estado”.

“Creo que no conozco históricamente otros propósitos fuera de la invasión de los españoles al continente, que haya sido un genocidio deliberado por la toma del j poder, por dominar el Estado; eso sucede cuando se quieren acabar los imperios | precolombinos para instaurar la colonia; es una lucha por el poder y luego nuevamente se utiliza el genocidio a partir del 45. ¿Y por qué el genocidio se ha continuado? Porque antes eran matanzas por razones sociales y económicas, puntuales; por ejemplo, la lucha por la tierra; lo que sucedió en todo el norte del Tolima y el sur de Cundinamarca y también en el caso de las bananeras, que son por cuestiones económicas y sociales, y por lo tanto, son puntuales desde el punto de vista regional. Pero, ¿cuándo se vuelven nacionales y por qué el genocidio sigue siendo un instrumento, similar al que se inicia en el 45? Porque efectivamente el pueblo, tal vez inconscientemente, pero ya entiende que la solución de sus problemas económicos y sociales radican en cuestiones de poder, no solamente en cuestiones coyunturales de tipo local. De modo que analizar el genocidio de la década de los años cuarenta, nos permite ver mecanismos idénticos con el genocidio de la Unión Patriótica; porque lo que diferencia a la UP con otros movimientos políticos contemporáneos es que estaba bajo las directivas de quienes querían la toma del poder, no compartir el poder con la oligarquía; es decir, cuando se plantea el quítese la oligarquía para que el pueblo se tome el poder, es cuando se aplica el genocidio” (22).

Esta entrevista con la hija del caudillo inmolado, en medio del genocidio político decretado contra sus seguidores, muestra la relación existente entre la violencia de los años cincuenta y la aparición de las guerrillas en la décadas de los años sesenta y setenta.

Durante el siglo XIX, las ideas socialistas revolucionarias que inspiraron las guerras civiles eran las ideas liberales; ideas progresistas que se disputaban los escenarios políticos con los conservadores y la Iglesia, que representaban el viejo orden feudal, que se declaraban anticomunistas.

Desde la Constitución de 1886, fruto de la victoria conservadora, hasta 1930, fecha en que termina la hegemonía liberal, se libraron grandes luchas sociales, populares y obreras, bajo la modalidad de movimientos sociales y alzamientos populares masivos, en los cuales convergían sectores liberales y sectores de izquierda. Ya en el siglo XX, en el marco del movimiento obrero, se empiezan a perfilar idearios de izquierda y revolucionarios que van tomando distancia con las ideas del partido liberal. Hacia 1919 se crea el Partido Socialista, que tiene como antecedente el Partido Obrero; allí aparece el izquierdismo liberal y los intelectuales anarquistas. Esta propuesta se concreta en 1927 con la creación del Partido Socialista Revolucionario en la Convención de la Dorada, que luego da origen al Partido Comunista Colombiano. Era un momento histórico de grandes luchas sociales y sindicales; por ese entonces aparece Jorge Eliécer Gaitán como abogado de los trabajadores de las telefónicas de Bogotá. Todas esas luchas sociales hacen que en 1930 el Partido Eiberal llegue al poder, quedando en duda si realmente eran los proletarios los beneficiarios o solamente la oligarquía liberal que se hacía a éste.

En 1928, se desata la crisis y la llamada masacre de las bananeras, en el departamento del Magdalena, en las cuales el Estado se alindera con los intereses de la multinacional United Fruit Company, desconociendo los derechos de los trabajadores, utilizando el recurrente Estado de sitio para reprimirlos, masacrando a los que iban a la huelga, encarcelando a otros que eran juzgados en consejos verbales de guerra, y llenando las cárceles de presos y perseguidos políticos, constante que se mantiene hasta nuestros días.

El nuevo gobierno liberal, en cabeza de Enrique Olaya Herrera, disipó la crisis política, pero en poco tiempo las expectativas y promesas se vieron incumplidas, arreciaron las protestas y las huelgas. Bajo ese escenario Gaitán se perfila con un nuevo movimiento político liberal revolucionario que es la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR, distanciándose de los liberales institucionalizados. Ya en 1935, el Partido Comunista, en su Conferencia se decide a impulsar el Frente Amplio contra el Imperialismo y la Reacción, y se suma a la campaña electoral de Alfonso López Pumarejo, quien introduce una reforma agraria mediante la ley 200; una reforma constitucional con función social de la propiedad que buscaba responder a reclamos sociales de los obreros y campesinos.

En ese período, Jorge Eliécer Gaitán se perfilaba como líder popular y por fuera de las sendas oficialistas del Partido Liberal, esto sumado al clima político existente en el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, que era el retomo de los terratenientes al poder. Gaitán fue visto como un revolucionario y como un peligro para la oligarquía liberal y conservadora, lo cual precipitó su magnicidio el 9 de abril de 1948. Esto generó la etapa de la Violencia, para acallar a los obreros organizados que afectaban la acumulación de capital, y a su vez reversar los avances de la reforma agraria, facilitando que los terratenientes liberales y conservadores justificaran con la violencia anticomunista agenciada desde los Estados Unidos, la expropiación violenta y en su propio beneficio de las tierras de los pequeños y medianos propietarios liberales y conservadores.

Como una forma de repeler la violencia institucional, aparecen las formas de resistencia armada, conocidas como las guerrillas liberales, que tienen su máxima expresión en las guerrillas del Llano, que tuvieron un gran control territorial, con legislación y constitución popular a bordo. Después de que los guerrilleros son traicionados por el Partido Liberal, viene la dictadura del general Rojas Pinilla, patrocinada por liberales y conservadores; luego fallan los procesos de paz, el exterminio de los que entregaron las armas, la creación del Frente Nacional, que implicaba el reparto del poder de manera sucesiva entre liberales y conservadores, mientras a tiros se silenciaba a los opositores políticos. Es en ese contexto que aparecen los movimientos guerrilleros de carácter revolucionario.

Desde esas fechas hasta nuestro días todas las disidencias políticas han sido cooptadas, sometidas, aniquiladas o reducidas. La historia del país conoce la suerte del movimiento gaitanista, del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, entre otras expresiones alternativas, víctimas de la violencia oficial y paraoficial.

SURGIMIENTO DE LAS FARC

Al comienzo las guerrillas liberales, compuestas por sectores del partido liberal y por sectores comunistas, estuvieron muy unidas frente a un enemigo común que era el gobierno, que las atacaba indistintamente; luego se van diferenciando y aparecen los “limpios”, que eran los liberales, y los “comunes”, que eran los comunistas. Estos últimos cada vez más van comprendiendo que la lucha no era entre liberales y conservadores, sino una lucha de clases entre la oligarquía liberal y conservadora contra los intereses del pueblo. Con el golpe militar de Rojas Pinilla, las guerrillas liberales se entregan, pero no lo hacen las comunistas. El movimiento guerrillero se alinea en una lucha contra la dictadura de Rojas, pero fracasa, pues la oligarquía autoderroca a la dictadura y da paso al Frente Nacional, fenómeno de monopolio político liberal y conservador que funcionó perfectamente con un efecto inercial hasta nuestro días.

Para comprender en las voces de las FARC su origen, cabe citar el siguiente documento expedido bajo el título 34º Aniversario de las FARC-EP:

“Bajo el rugir de los aviones, las explosiones de las bombas y el tableteo de fúsiles y ametralladoras, con impresionante despliegue militar, se inició el 27 de mayo de 1964 la operación Marquetalia, para exterminar a 48 campesinos y sus familias, que bajo el mando del Comandante Guerrillero Manuel Marulanda Vélez descuajaban montañas, fundaban fincas, las cultivaban y vendían sus productos en colectivo y se dieron formas y normas de convivencia en lo que el Estado colombiano, apoyado por el gobierno norteamericano, denominó inaceptables “repúblicas independientes dentro del mismo territorio colombiano”, y como un peligroso experimento socialista. Nadie en Marquetalia deseaba la confrontación militar. Fue el Estado colombiano bajo la presión gringa quien desató la guerra e impuso la confrontación armada sumiendo a nuestro país en un inmenso campo de dolor y muertes. Se quería la utilización de la vía menos dolorosa para impulsar los cambios, pero como somos revolucionarios que de una manera u otra tenemos que cumplir con nuestro deber, nos vimos en la obligación de empuñar las armas. De allí vienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, que hoy 27 de mayo cumplen 34 años de ininterrumpido accionar político-militar. Nada ha cambiado en Colombia que no sea para empeorar la situación. Las elecciones se han convertido en gigantescos carnavales del derroche de los dineros públicos, de inversión a corto plazo de capitalistas y terratenientes criollos, de las transnacionales y de los que imponen los candidatos y hasta presidentes como en el caso de Ernesto Samper Pizano. Todo lo que tocan lo corrompen, compran el voto y la conciencia; prometen toda clase de prebendas, reparten los puestos estatales, los créditos para la vivienda, los cupos universitarios y hasta dan medalla de “oro” al municipio que mayor votación ponga, porque eso es su “democracia”.

“De ser una conquista democrática, las elecciones en Colombia pasaron a ser una sinvergüencería y una tramposa manera de las clases dominantes para perpetuar su dominio. Hoy las FARC-EP condenan este tipo de elecciones y llaman a la abstención electoral y a la creación de los cabildos populares realmente democráticos y participativos para la construcción real del poder desde abajo. Allí daremos la pelea”.

“Las FARC-EP prosiguen en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado que vive Colombia, línea consecuente desde su fundación. Ya no son el reducido grupo de campesinos. Tiene 60 frentes de guerra agrupados en siete bloques dislocados en todo el territorio nacional. Cuentan con una amplia dominación territorial apoyados por importantes núcleos de la población urbana y rural y son una verdadera opción de poder. Han cualificado su accionar militar propinando duros golpes a las fuerzas oficiales como los recientes en Las Delicias, San Juanito, Patascoy y El Billar, cuyos fracasos el ejército trata de ocultar recurriendo a la represión contra la población civil desatando una orgía de sangre, realizando las masacres a pobladores desarmados para implantar el terror en un vano intento de parar el avance de la insurgencia”.

“Los postulados de Marquetalia, recogidos en el programa agrario de los guerrilleros, tiene plena vigencia al igual que la plataforma política de diez puntos para un nuevo gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional, que abrirían las compuertas para iniciar una sana convivencia entre la familia colombiana, por ello nuestras armas y nuestras banderas siguen en alto al servicio del pueblo. Estamos abriendo caminos hacia la nueva Colombia” (23).

Los siguientes son apartes de la introducción del libro Colombia, nunca más, sobre los fundamentos dados por los mismos grupos alzados en armas en sus manifiestos fundacionales o en sus documentos públicos, en los cuales explican el porqué de su surgimiento: “Entre tanto, la insurgencia también se fue estructurando. Como reacción a la Operación Marquetalia, mediante la cual el Ejército colombiano arremetió con 16 mil hombres contra los grupos de autodefensas campesinas que resistían a la expulsión de sus tierras en el sur del Tolima, el 20 de julio de 1964 esas autodefensas armadas del sur del Tolima, junto con las del Huila, Cauca y Valle, lanzaron una proclama nacional para anunciar que constituían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y adoptaban un programa de siete puntos de reforma agraria por el cual se comprometían a luchar. En la proclama manifestaban: ‘Contra nosotros se han desencadenado 4 guerras en el curso de 15 años. Una a partir de 1948, otra a partir de 1954, otra de 1962 y ésta que estamos padeciendo a partir del 18 de mayo de 1964, cuando los mandos militares declararon oficialmente que ese día había comenzado la ‘Operación Marquetalia’… Por eso nos ha tocado sufrir en la carne y en el espíritu todas las bestialidades de un régimen podrido que se asienta sobre el monopolio latifundista de la tierra, la monoproducción y la monoexportación bajo el imperio de los Estados Unidos. Es por esto que en esta guerra participan contra nosotros tropas, aviones, altos mandos militares y especialistas norteamericanos. Es por esto que se lanzan contra nosotros 16 mil hombres provistos de las armas más modernas y destructoras. Es por eso que contra nosotros se emplea la táctica del bloqueo económico, del cerco, del exterminio, de las acometidas por aire y tierra y, por último, de la guerra bacteriológica… Nosotros hemos llegado a todas las partes donde había puertas para golpear en procura de auxilio para evitar que una cruzada anticomunista, que es una cruzada antipatriótica contra nuestro pueblo, nos llevara, y con nosotros, a todo nuestro pueblo, a una lucha larga y sangrienta. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la lucha democrática de las masas, las vías legales que la Constitución de Colombia señala. Esa vía nos fue cerrada violentamente, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugamos el papel histórico que nos corresponde, obligados por las circunstancias arriba anotadas, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha del poder. Desde hoy 20 de julio de 1964 somos un movimiento guerrillero que lucha por el siguiente programa:” (24)

“Primero. A la política agraria de mentiras de la oligarquía, oponemos una efectiva política agraria revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador. La política agraria revolucionaria entregará a los campesinos… la ayuda técnica y de infraestructura, herramientas y animales de labor para la debida explotación económica de la tierra. La política agraria revolucionaria es condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de todo el campesinado, librarlo del desempleo, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades endémicas que limitan su capacidad de trabajo; para liquidar las trabas del latifundismo y para impulsar el desarrollo de la producción agropecuaria e industrial del país. La política agraria revolucionaria confiscará las tierras ocupadas por compañías imperialistas norteamericanas a cualquier título y cualquiera que sea la actividad a la cual estén dedicadas”.

“Segundo. Los colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, terrazgueros, agregados, etc. de tierras de los latifundistas y de la nación, recibirán los títulos correspondientes de propiedad de los terrenos que exploten. Se liquidará todo tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería, el arriendo en especie o en dinero”.

“Se creará la unidad económica en el campo de acuerdo con la fertilidad y ubicación de los terrenos, con un mínimo de 10 a 20 hectáreas, cuando se trate de tierras planas y aledañas a poblaciones o ciudades y, en otras tierras, de acuerdo con su fertilidad y red de comunicaciones”.

“Se anularán todas las deudas de los campesinos con los usureros, especuladores, instituciones oficiales y semioficiales de crédito”.

“Tercero. El gobierno revolucionario respetará la propiedad de los campesinos ricos que trabajen personalmente sus tierras. Se preservarán las formas industriales de trabajo en el campo. Las grandes explotaciones agropecuarias que por razones de orden social y económico deban conservarse, se destinarán al desarrollo planificado de todo el pueblo”.

“Cuarto. El gobierno revolucionario establecerá un amplio sistema de crédito con facilidades de pago, el suministro de semillas, asistencia técnica, herramientas, animales, aperos, maquinaria, etc., tanto para los campesinos individuales como para las cooperativas de producción que surjan… Se creará un sistema planificado de irrigación y electrificación y una red de centros oficiales de experimentación agrotécnica. Se organizarán servicios suficientes de sanidad para la atención completa de los problemas de la salud pública en los campos. Se atenderá el problema de la educación campesina, la erradicación total del analfabetismo y se creará un sistema de becas para el estudio técnico y superior de los hijos de los trabajadores de la tierra. Se cumplirá un vasto plan de vivienda campesina y la construcción de vías de comunicación de los centros rurales productivos a los centros de consumo”.

“Quinto. Se garantizarán precios básicos remunerativos y de sustentación para los productos agropecuarios”.

“Sexto. Se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que les hayan usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivos. Las comunidades indígenas gozarán de todos los beneficios de la política agraria revolucionaria. Al mismo tiempo estabilizará la organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna”.

“Séptimo. La realización de este programa agrario revolucionario dependerá de la alianza obrero-campesina y del frente unido de todos los colombianos en la lucha por el cambio de régimen, única garantía para la destrucción de la vieja estructura latifundista de Colombia. La realización de esta política se apoyará en las más amplias masas campesinas, las que contribuirán decididamente a la destrucción del latifundio. Para tal fin se organizarán potentes uniones de lucha campesina, fuertes sindicatos, comités de usuarios y juntas comunales. Por eso, este programa se plantea como necesidad vital, la lucha por la forjación del más amplio frente único de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país para librar un combate permanente hasta dar en tierra con el régimen oligárquico al servicio de los imperialistas yanquis, que impiden la realización de los anhelos del pueblo colombiano”.

“Octavo. Las FARC-EP en su momento promulgarán la primera ley de política agraria revolucionaria. Por eso invitamos a los campesinos, obreros, empleados, estudiantes, artesanos, pequeños industriales y comerciantes, a la burguesía nacional que esté dispuesta a combatir contra el imperialismo, a los intelectuales demócratas y revolucionarios, a todos los partidos y corrientes de izquierda y de centro, que quieran un cambio en sentido del progreso, a la gran lucha revolucionaria y patriótica por una Colombia para los colombianos, por el triunfo de la revolución, por un gobierno democrático de liberación nacional”.

Como se observa, el 20 de julio de 1964 se aprobó en Marquetalia una plataforma eminentemente campesina y reivindicativa del derecho a la tierra ante las frustraciones de la reforma agraria de 1936, que generó grandes expectativas incumplidas. En ese contexto surgen las FARC como una guerrilla especialmente campesina.

Las FARC pasan por un proceso de cambios políticos e ideológicos que se pueden contrastar con el programa aprobado en la octava conferencia en 1993 por la organización rebelde, que es el documento titulado “Plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional” (25), que dice:

“Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria amable, en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un gobierno nacional pluralista, patriótico y democrático, que se comprometa a lo siguiente:

1. Solución política al grave conflicto que vive el país.

2. La doctrina militar y de defensa nacional del Estado será bolivariana. Dijo El Libertador que “el destino del ejército es guarnecer la frontera. Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos”.

Las FF.AA. serán garantes de nuestra soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional volverá a ser dependiente del Ministerio de Gobierno, reestructurada para que cumpla su función preventiva, moralizada y educada en el respeto de los derechos humanos.

3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Fortalecimiento de los instrumentos de fiscalización popular.

La Procuraduría será rama independiente del poder público y el Procurador General de la Nación será elegido popularmente. El parlamento será unicameral.

La oposición y las minorías tendrán plenos derechos políticos y sociales, garantizándoles el Estado su acceso a los grandes medios de comunicación. Habrá libertad de prensa.

La rama electoral será independiente. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y magistrados del país. Moralización de la administración pública y de las instituciones civiles y militares del Estado.

4. Desarrollo y modernización económica con justicia social.

El Estado debe ser el principal propietario y administrador en los sectores estratégicos: en lo energético, en las comunicaciones, servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales, en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones.

El énfasis de la política económica será la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la producción, a la pequeña, mediana y gran industria privada, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria.

El Estado invertirá en áreas estratégicas de la industria nacional y desarrollará una política proteccionista sobre las mismas. La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas.

El 50% del presupuesto nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al colombiano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales democráticas y buscando el equilibrio de la sociedad con su medio ambiente y la naturaleza. El 10% del presupuesto nacional será invertido en la investigación científica.

Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán, para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA sólo afectará bienes servicios suntuarios.

Política agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional.

Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja nuestras reservas del arrasamiento. 5. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional.

Explotación de los recursos naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, etc., en beneficio del país y de sus regiones. Renegociación de los contratos con compañías multinacionales que sean lesivos para Colombia. La comisión nacional de energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y las regiones, planificará la política energética.

Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria petroquímica. El gobierno le informará a la comunidad con transparencia, los términos del contrato existente para la explotación de Cusiana. Tan solo los 5 mil millones de barriles de petróleo de reserva que posee, a los precios de hoy y a la tasa de cambio vigente, producirán $80 billones (80 millones de millones de pesos), es decir, más de seis veces el presupuesto nacional de 1993. Colombia entera conocerá cómo y a qué ritmo se explotará Cusiana y cómo insertamos su producido en los planes generales de nuestro desarrollo. Hay que “sembrar el petróleo” para las próximas generaciones, porque el crudo es de todos los colombianos y sus beneficios también.

Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración regional y latinoamericana. Respeto a los compromisos políticos del Estado con otros Estados. Revisión total de los pactos militares y de la ingerencia de las potencias en nuestros asuntos internos. Renegociación de la deuda externa, buscando un plazo de 10 años muertos, en el pago de los servicios.

Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes” (26).

Como se aprecia, las FARC-EP van pasando a demandas nacionales por fuera del problema agrario, que sigue siendo uno de los problemas a resolver en el marco de un proceso de paz, con temas tan importantes como las relaciones internacionales y el narcotráfico.

SURGIMIENTO DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL, ELN

El ELN nace del seno de las juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, de estudiantes que, inspirados en la Revolución Cubana, querían realizar una revolución similar. Muchos fueron estudiantes de la Universidad Nacional, donde Camilo Torres Restrepo fue capellán y quien fundó el Frente Unido para llamar a la unidad de la izquierda y de los movimientos populares. Consideró que las propuestas reformistas obedecían más a un oportunismo electoral populista y contra ello impulsó propuestas que se constituían en revolucionarias para cambiar las estructuras de miseria y exclusión política existentes. A esta propuesta se sumaron campesinos, obreros, intelectuales y capas medias de la sociedad.

El 7 de enero de 1965, un grupo de combatientes se tomaba la población santandereana de Simacota y desde allí anunciaba la constitución del Ejército de Liberación Nacional. En su proclama afirmaban: “Un estudio serio de la realidad colombiana nos ha llevado a la conclusión de que ni el imperialismo norteamericano ni la oligarquía que lo apoya en nuestro país permitirán pacíficamente el ascenso de las masas populares al poder y le impondrán, por lo tanto, al pueblo, una guerra larga y sangrienta, con la cual pretenderán ahogar para siempre la lucha popular por conquistar las más justas aspiraciones de libertad, trabajo, democracia y justicia del pueblo colombiano. Ante esta situación, determinada por la naturaleza agresiva y voraz de los explotadores nacionales y extranjeros, nuestro pueblo se ve en la obligación de organizarse para responder a la agresión oficial, tomar la iniciativa y desencadenar la ofensiva revolucionaria mediante el desarrollo de la guerra del pueblo contra los explotadores, utilizando la lucha armada y las más variadas formas de lucha popular en todos los terrenos, con el propósito de arrancar el poder de las clases dominantes y establecer un gobierno popular y democrático de liberación nacional” (27).

La siguiente es la declaración política y el programa inicialmente aprobado por el ELN en su Manifiesto de Simacota (28):

“La violencia reaccionaria desatada por los diversos gobiernos oligarcas y continuada por el corrompido régimen Valencia-Ruiz, Novoa-Lleras, ha sido una poderosa arma de dominación en los últimos 15 años”.

“La educación se encuentra en manos de negociantes que se enriquecen con la ignorancia en que mantienen a nuestro pueblo; la tierra es explotada por campesinos que no tienen dónde caer muertos y que acaban sus energías y las de su familia en beneficio de las oligarquías que viven en las ciudades como reyes; los obreros trabajan por jornales de hambre sometidos a la miseria y humillación de los grandes empresarios extranjeros y nacionales; los profesionales e intelectuales jóvenes demócratas se ven cercados y están en el dilema de entregarse a la clase dominante o perecer; los pequeños y medianos productores, tanto del campo como de la ciudad, ven arruinadas sus economías ante la cruel competencia y acaparamiento por parte del capital extranjero y de sus secuaces vende patrias; las riquezas de todo el pueblo colombiano son saqueadas por los imperialistas norteamericanos”.

“Pero nuestro pueblo, que ha sentido sobre sus espaldas el látigo de la explotación, de la miseria, de la violencia, se levanta y está en pie de lucha. La lucha revolucionaria es el único camino de todo el pueblo para derrotar el actual gobierno de engaño y de violencia. Nosotros, que agrupamos el Ejército de Liberación Nacional, nos encontramos luchando por la liberación de Colombia. El pueblo liberal y el pueblo conservador harán frente juntos para derrotar a la oligarquía de ambos partidos”.

“¡Viva la unidad de los campesinos, obreros, estudiantes, profesionales y gentes honradas que desean hacer de Colombia una patria digna para los colombianos honestos! ¡Liberación o muerte!, Ejército de Liberación Nacional, Frente José Antonio Galán, Carlos Villarreal, Andrés Sierra, Simacota, 7 de enero de 1965″.

Los planes de acción de este grupo se pueden analizar a la luz de la declaración programática del ELN, que dice (29):

“Programa de Simacota

El ELN lucha por la plena realización en nuestra patria del siguiente programa:

1. La toma del poder para las clases populares, la instauración de un gobierno democrático y popular, que libere a nuestro país de los monopolios internacionales y de la oligarquía criolla y que garantice la plena igualdad de nuestro pueblo, que otorgue plenas libertades democráticas a los sectores populares, que conceda a la mujer sus legítimos derechos, que libere las fuerzas creadoras de las masas, que garantice el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de los colombianos.

2. Una auténtica revolución agraria que contemple la eliminación del latifundio, el minifundio y el monocultivo; que realice una distribución técnica y justa de la tierra a los campesinos que la trabajan; que otorgue créditos, abonos, aperos, semillas y herramientas de trabajo a los agricultores; que impulse la mecanización y la tecnificación de la agricultura, la creación de organismos adecuados de distribución que elimine los intermediarios, los especuladores y los acaparadores; que asegure la asistencia médica y educacional a los campesinos, así como el desarrollo del sistema de riego, de electrificación, de vivienda y vías de comunicación adecuadas. Se confiscarán los latifundios de propiedad de los terratenientes y se respetarán las propiedades que beneficien la economía nacional, se fomentará la creación de cooperativas de producción, distribución y consumo y de granjas estatales, se fomentará la planificación de producción agropecuaria, buscando la diversidad de los cultivos y el desarrollo de la ganadería.

3. Desarrollo económico-industrial mediante la protección de la industria nacional, el impulso de la industria semipesada, la confiscación de los intereses imperialistas y de las oligarquías traidoras a la patria; se protegerá a los pequeños industriales y comerciantes no especuladores; mediante una planificación científica, se buscará la diversificación de la industria y el desarrollo de una economía industrial basada en nuestros propios recursos, que garantice la plena utilización de nuestra mano de obra. Nacionalización efectiva del subsuelo y de su explotación en beneficio de la economía nacional. Elaboración y realización de un plan de electrificación, irrigación y aprovechamiento recursos hidráulicos del país. Comercio con todos los países del mundo, buscando el beneficio de nuestro pueblo sin otras consideraciones que el interés colectivo.

4. Plan de vivienda y reforma urbana que garantice un hogar higiénico y adecuado para los trabajadores del campo y la ciudad y elimine la explotación de los casatenientes mediante la amortización a largo plazo, erradicación de los tugurios, bohíos y ranchos en la ciudad y en el campo.

5. Creación de un sistema popular de crédito que elimine a los usureros y agiotistas y fomente el desarrollo económico-industrial, agropecuario y comercial e impulse el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores.

6. Organización de un plan nacional de salud pública que haga posible la atención médico-farmacéutica y hospitalaria a todos los sectores de la población sin gravar su economía; desarrollo de la medicina preventiva y la lucha contra las enfermedades endémicas. Creación de puestos de salud y hospitales en la ciudad y en el campo. Eficaz protección a la niñez y a los ancianos y reglamentación del Seguro Social para que sirva a las necesidades de nuestro pueblo. Creación de un organismo centralizado que se encargue de proyectar y realizar los programas de salud pública.

7. Elaboración de un plan vial que sirva para articular la economía nacional y preste un servicio eficaz a las regiones densamente pobladas y con posibilidades de desarrollo económico. Centralización y planificación de este programa con el fin de evitar gastos innecesarios. Penetración de las zonas agrícolas y ganaderas; organización estatal del transporte y fijación de tarifas técnicamente estipuladas por los organismos del Estado.

8. Reforma educacional que elimine el analfabetismo y promueva la construcción de escuelas rurales y urbanas y la formación de maestros competentes. La educación será obligatoria y gratuita. Reforma de los programas de estudio para adecuarlos a las necesidades del país y a la ciencia moderna, vinculación de los estudiantes con la realidad nacional y elevación del nivel teórico de los trabajadores; nacionalización de la enseñanza superior, normalista y universitaria, buscando que la universidad cumpla su función social, que se ponga a tono con los avances científicos, que el pueblo tenga acceso a ella, que elimine el oscurantismo y el dogmatismo de las cátedras y que pueda así desempeñar el papel de la vanguardia intelectual y cultural de los trabajadores colombianos. Creación de una Academia Nacional de Ciencias que unifique las exigencias del desarrollo de la investigación científica. Así mismo, se crearán comedores estudiantiles y se ampliará el número de becas infantiles, se ampliará la red de bibliotecas públicas y se proveerá a los establecimientos educacionales de los materiales académicos y docentes necesarios. Se fomentará y estimulará el deporte y la cultura física. El Estado se preocupará por la defensa, el estímulo y desarrollo de la cultura nacional, del arte folklórico popular, de la protección de escritores y artistas nacionales. Igualmente, se divulgarán con amplitud todas las manifestaciones artísticas y libertarias que revistan formas populares y democráticas de otros pueblos.

9. Incorporación de la población indígena a la economía y la cultura de la nación, respetando sus costumbres, sus tierras, su lengua, sus tradiciones y el desarrollo de su vida cultural. Otorgamiento de la totalidad de sus derechos de colombianos a la población indígena.

10. Libertad de pensamiento y de culto. Separación de la Iglesia y el Estado. Eliminación de todo tipo de discriminaciones por raza, género, origen social o creencia religiosa.

11. Política exterior independiente basada en el respeto mutuo, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de algún Estado en los asuntos internos de otro, oposición a toda forma de opresión y de dominación imperialista, colonialista o neocolonialista, defensa de la paz mundial y solidaridad con la lucha de los pueblos oprimidos contra sus opresores por la independencia nacional, anulación de los compromisos que lesionen la soberanía nacional, expulsión de las misiones militares del imperialismo norteamericano. Establecimiento de relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con todos los países del mundo sobre la base del respeto mutuo.

12. Formación de un ejército popular permanente, técnicamente dotado y disciplinado, que garantice las conquistas populares, defienda la soberanía nacional y sea el más firme apoyo del pueblo. Este ejército estará formado inicial por los destacamentos del ELN y mantendrá una férrea y constante vinculación con las masas populares, de cuyo seno han surgido sus cuadros y sus combatientes. El ejército popular defenderá los más auténticos intereses patrióticos y no será jamás instrumento de represión contra ningún pueblo del mundo”. (Tomado de Las verdaderas intenciones del ELN, Fundación Corporación Observatorio para la Paz, 1999).

SURGIMIENTO DEL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN, EPL

Desde 1963 se fue creando una disidencia en el Partido Comunista Colombiano, por parte de un grupo que simpatizaba más con la “línea china” dentro del debate ideológico del comunismo mundial y criticaba las estrategias “pacifistas” del PCC. Esa disidencia se cristalizó en una conferencia de los marxistas-leninistas en marzo de 1964, desde la cual convocaron al “X Congreso del Partido Comunista”, congreso que tuvo lugar en Soacha (Cundinamarca) en julio de 1965, en cuyas conclusiones se afirma: “Para las condiciones colombianas es enteramente válido, y lo hacemos nuestro, el planteamiento leninista de que ocultar a las masas la necesidad de una guerra encarnizada, sangrienta y exterminadora como objetivo inmediato de la acción próxima, es engañarse a sí mismo y engañar al pueblo. Y es, hoy por hoy en Colombia, traidor a la revolución, quien no esté de acuerdo con la lucha armada, no se prepare para ella o impida de cualquier manera su desarrollo inmediato. Amigos y enemigos serán diferenciados con base en este palpitante problema” (30).

Ya desde septiembre de 1964, este grupo había iniciado un implante guerrillero en la zona del Alto Sinú y San Jorge, en el departamento de Córdoba, pero formalizarían su opción, mediante el “juramento de bandera” en febrero de 1967, constituyéndose como Ejército Popular de Liberación (31).

Por otra parte, cuando se produce la ruptura al interior del Partido Comunista de Colombia en 1965, se produce una declaración política por parte de la nueva organización, que luego funda el EPL en 1966. Dice la declaración:

“Es así como el 20 de julio (fecha patria de la oligarquía colombiana) de 1965, nace en Colombia el Partido Comunista (marxista-leninista), presentando una línea política y una táctica completamente influenciada por la orientación que el Partido Comunista Chino presentaba para los pueblos que se encontraban bajo el yugo del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo” (32).

La siguiente es la resolución política que esta agrupación promulgó en el X Congreso del Partido Comunista de Colombia:

“Unánimemente y en forma categórica, el X Congreso afirma las siguientes tesis:

a. Vivimos la época del paso del capitalismo al socialismo. Nuestra revolución patriótica, popular y antiimperialista en marcha al socialismo está enmarcada dentro de este hecho mundial.

b. El imperialismo, fase final del capitalismo, es la fuente de todas las guerras.

Mientras exista el imperialismo, habrá guerras o peligro de guerras. Pero está asediado por todos los pueblos del mundo y puede ser vencido como lo demuestran las revoluciones proletarias y el avance incontenible de las luchas de liberación nacional.

c. El imperialismo norteamericano es el peor enemigo de todos los pueblos y como tal debe ser combatido por éstos.

d. Son las masas, en último término, y no la calidad de las armas, quienes deciden el rumbo de la historia. El espantajo atómico no puede detener la revolución.

e. Las guerras de liberación son justas, necesarias e inevitables.

f. La violencia revolucionaria es la partera de la historia. La actual situación política mundial evidencia la imposibilidad del tránsito pacífico del capitalismo al socialismo, particularmente en América latina.

g. El internacionalismo proletario es un principio marxista-leninista que no puede menoscabarse sin causar grave daño a la revolución. Lo mismo ocurre con el principio de basarse en los propios esfuerzos.

h. Las contradicciones fundamentales de nuestra época sólo pueden resolverse mediante el triunfo de la revolución. La contradicción entre el campo socialista y el campo capitalista es muy importante, pero no sustituye a la contradicción entre las clases explotadas y los explotadores en los países capitalistas, ni a la contradicción entre los pueblos oprimidos y el imperialismo, ni a la contradicción entre los países imperialistas y entre los grupos monopolistas.

i. No puede plantearse la coexistencia pacífica entre las clases explotadas y los explotadores o entre las naciones opresoras en ningún país, ni en ninguna región.

j. La coexistencia pacífica no constituye la esencia de las relaciones exteriores de los países socialistas, pues el apoyo a la lucha revolucionaria de los pueblos y el respaldo y el apoyo recíproco entre los países socialistas, son aún más importantes.

k. El campo socialista es patrimonio del proletariado mundial porque él lo ha hecho posible. Es deber del proletariado mundial respaldarlo, defenderlo y ampliarlo.

l. El principio de la igualdad y el respeto mutuo y el de la solución a todos los problemas que surjan por la vía de la consulta mutua, tiene que presidir e informar las relaciones entre los partidos comunistas hermanos.

m. El revisionismo moderno es la penetración de la ideología burguesa en el partido del proletariado, constituye el mayor obstáculo para la lucha revolucionaria, atenta contra la construcción del socialismo y es irreconciliable con el marxismo-leninismo.

n. La lucha contra el revisionismo es de vida o muerte para los Partidos Comunistas. Es una expresión permanente en la lucha revolucionaria entre lo correcto y lo erróneo en los terrenos filosófico, económico y social, y hay que llevarla hasta la victoria en cada etapa presente y futura. Sobre el revisionismo moderno, nos corresponde triunfar como Lenin lo hizo sobre el de su tiempo, y como les corresponderá a las generaciones futuras triunfar sobre el que surja. No es posible la unidad con los revisionistas, no puede transigirse con el revisionismo, la lucha contra él es implacable.

o. Sin partidos comunistas (marxistas leninistas), no puede garantizarse el curso de la revolución. La hegemonía del proletariado es necesaria para la toma del poder, para la conducción de la revolución popular y para la edificación del socialismo.

p. Solamente la extinción completa de las clases sociales y el aniquilamiento definitivo del imperialismo, pueden permitir, donde se cumplan, las demás condiciones morales y materiales, prescindir del partido y de la dictadura del proletariado. En este momento no existe en ningún país del mundo esas condiciones.

q. Los pueblos oprimidos de Asia, África y América latina están en la vanguardia de combate contra el imperialismo. Entre ellos y el imperialismo no puede plantearse la coexistencia pacífica”.

Como puede verse, estas extensas tesis expresan lincamientos bajo la orientación de la ideología china en pugna con la dirigencia soviética.

El auge de las luchas a nivel mundial se formula como un “…auge de la lucha antiimperialista a escala mundial… El imperialismo en su conjunto retrocede cosechando derrotas políticas y militares en igual medida y con la misma frecuencia con que arremete furioso; pero moribundo, contra los pueblos”.

Al referirse a la Revolución Cubana, la coloca como ejemplo para nuestros pueblos y afirma de aquel documento que constituye la Segunda Declaración de La Habana: “El Partido acoge la II Declaración de La Habana como el Manifiesto Comunista para América latina, que demuestra el peculiar proceso revolucionario de nuestros pueblos, desarrolla las tesis del carácter continental de nuestra lucha, nos señala a Cuba como ‘avanzada de la revolución latinoamericana”

SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO 19 DE ABRIL, M-19

Más adelante, en la década de los años setenta, otras organizaciones insurgentes se sumarán a las fuerzas rebeldes de los años sesenta. El fraude consumado el 19 de abril de 1970 para desconocer la victoria electoral de la Alianza Nacional Popular, Anapo, motivó a un grupo de profesionales, antiguos militantes comunistas y posteriormente militantes de Anapo, a crear el Movimiento 19 de Abril, M-19. En enero de 1974 en Bogotá, un comando de este movimiento penetró en la casa-museo Quinta de Bolívar, y sustrajo la espada del Libertador. En el comunicado emitido en ese momento, afirmaban: “No hay dudas: Bolívar guerrillero y patriota; Bolívar pueblo; Bolívar nuestro, vuelve a quitarle el sueño al opresor; a despertar al oprimido. Su espada empezó ya los nuevos combates. Ahora se enfrenta al yanqui, al explotador, a quienes entregan nuestra patria al dolor, a quienes ahogan a nuestro pueblo en la miseria… El pueblo sabe que sin luchas y organización armada, Anapo no logrará el triunfo, por más grande que sea el número de votos dejados en las urnas. Lo aprendió el 19 de abril de 1970, cuando nos robaron la victoria. Y esa historia no se repetirá jamás” (33).

OTROS GRUPOS INSURGENTES EN COLOMBIA

En 1976 surgió otro movimiento armado, construido alrededor del ex combatiente brasileño, sobreviviente de un movimiento guerrillero carioca, Giomar O’ Beale, que tomó el nombre de Juan Manuel González Puentes. Este grupo aglutinó a estudiantes y activistas populares y se llamó Auto-Defensa Obrera, ADO. Tuvo sus acciones más impactantes a finales de los años setenta, sobre todo con el asesinato del ex ministro de gobierno, Rafael Pardo Buelvas, en quien quisieron tomar represalia por el asesinato de 50 personas un año antes, en Bogotá, mientras participaban en protestas populares durante el desarrollo del Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977. Al responder a una entrevista en febrero de 1980, pocos días antes de ser asesinado, González Puentes afirmaba: “Nuestro nombre de autodefensa se refiere al aspecto estratégico, a la situación del pueblo delante de la oligarquía y la burguesía que nos explota, nos ataca, nos obliga a la lucha armada en defensa de nuestros derechos como seres humanos. Somos autodefensa porque no somos los que desatamos esta guerra; ellos son los agresores, ellos son los que violan los derechos del pueblo; ellos son los que responden a las huelgas y a las manifestaciones pacíficas con la violencia; ellos son los que torturan y asesinan. Cuando los obreros realizan una huelga, están manifestándose de manera pacífica, luchando pacíficamente, porque nadie puede afirmar que los brazos caídos son violencia; sin embargo, ¿qué hace la clase patronal? Lanza sus aparatos represivos para golpear, encarcelar, atemorizar e incluso eliminar físicamente a los trabajadores. Entonces, ¿Quién ataca militarmente? ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los que inician la guerra? ¿Quiénes son los que atenían contra la paz? La clase explotadora y su sistema capitalista. Nuestro deber de hombres agredidos es defendernos de esa minoría rapaz y belicosa, porque entre otras cosas, sale más barato en vidas para nosotros una guerra revolucionaria que los 100 mil muertos anuales por desnutrición”. (Boletín ADO, marzo/80).

La represión brutal que en los años setenta sufrían las comunidades indígenas del departamento del Cauca por parte de ejército y de los terratenientes, las llevó a conformar grupos de autodefensa indígena que más tarde se convirtieron en una nueva organización guerrillera.

En diciembre de 1984 se conformó el Comando Quintín Lame como grupo armado. En el comunicado a la nación, expresaban: “La represión contra el Movimiento Indígena ha sido continua en los últimos años y nuestra lista de mártires crece día a día. Pero esta vez el enemigo decidió declaramos la guerra definitivamente. El 9 de noviembre (1984), fuerzas de la policía y el ejército arrasaron la Recuperación de López Adentro, quemaron las viviendas de 150 familias indígenas y con maquinaria destruyeron todos sus cultivos. Estas familias han quedado en la más completa miseria. El 10 de noviembre fue asesinado el sacerdote indígena paéz Alvaro Ulcué. El padre ülcué había sido un defensor de su pueblo y un luchador incansable de la lucha indígena.

No nos dejaremos exterminar. El movimiento indígena no se va a entregar ni a retroceder por esta ofensiva del enemigo. El Comando Quintín Lame compromete su honor en poner todas sus fuerzas al servicio de la resistencia de las comunidades indígenas y en hacer lo posible por derrotar al enemigo que nos está persiguiendo”. Otros grupos insurgentes, como el MIR-Patria Libre o el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, tendrían una existencia más efímera en los años ochenta. El Movimiento de Integración Revolucionaria, Patria Libre, había surgido en los años setenta como una instancia de reunificación de las numerosas corrientes marxistas-leninistas dispersas. Más tarde se integraría, ya como grupo armado, a la Coordinadora Nacional Guerrillera y posteriormente se fusionaría con el ELN, conformando la “Unión Camilista-ELN”.

El PRT se dio a conocer en julio de 1984 en una conferencia de prensa realizada en Santa Marta, en la cual se mostraban en contra del proceso de paz tal como se estaba desarrollando. En un documento suscrito en febrero de 1986, afirmaban: “Queda demostrado que en el país es imposible conseguir cambios sustanciales a favor del pueblo por la vía de las reformas, dado el carácter reaccionario del Congreso y de los partidos que ejercen el poder y la resistencia de la oligarquía a los cambios progresistas… En el bloque oligárquico y su gobierno ha ganado primacía la política de ‘tierra arrasada’, de eliminación de las fuerzas revolucionarias por la vía represiva y de destrucción a sangre y fuego de cualquier expresión de descontento popular” (Revista Colombia Viva, abril de 1988, pp. 5-6).

Posteriormente, surge otra organización como consecuencia de la integración de militantes de varias organizaciones el Movimiento Jorge Eliécer Gaitán por la Dignidad de Colombia. En su programa explica lo que pretenden con su lucha:

“El Movimiento Jorge Eliécer Gaitán por la Dignidad de Colombia, más conocido como JEGA, plantea:

A grandes rasgos, nuestro programa revolucionario (estrategia) de transformación socialista de la sociedad -reiterando la necesidad de no olvidar que el socialismo como modo de producción sólo puede consolidarse universalmente- está orientado a conseguir los siguientes objetivos más o menos inmediatos, es decir, que serán medidas de aplicación concreta una vez se produzca la toma del poder (34):

• Estatización de la banca y de todo el sistema financiero para crear un banco nacional único. 
• Nacionalización general del transporte. 
• Nacionalización del comercio exterior y del comercio interno en lo que tenga que ver con los grandes medios de producción. 
• Expropiación de las multinacionales y empresas extranjeras. 
• Expropiación de los capitales extranjeros que existan en las empresas nacionales a manera de acciones o aportes de capital. 
• Expropiación y nacionalización de los grandes medios de producción. 
• Expropiación y nacionalización de los grades medios de comunicación social. 
• Expropiación de los latifundios y entrega de la tierra a los campesinos en aquellas zonas donde tal medida constituya una reivindicación inmediata y necesaria para los campesinos. 
• Agrupación voluntaria de los campesinos en cooperativas agrícolas estatales. 
• Explotación tecnificada del campo mediante planes nacionales de producción, proletarizando a las masas campesinas con miras a acelerar nuestro desarrollo industrial. 
• Declaratoria de extinción de la deuda externa. 
• Creación de un gran mercado socialista. 
• Creación de pequeños mercados sujetos a la ley capitalista de la oferta y la demanda para aquellas zonas donde existan pequeños propietarios. 
• Fortalecimiento del nuevo aparato estatal, especialmente de la estructura militar con miras a crear un gran ejército revolucionario. 
• Institución de las milicias revolucionarias para la defensa de la revolución. 
• Impulsar, con base en nuestros recursos económicos y conjuntamente con la cuestión militar, las medidas que tiendan a elevar de inmediato el nivel de vida de las masas colombianas. 
• Instituir la prestación de los servicios de salud y educación por parte del Estado como obligatorios y gratuitos. 
• Desarrollar una profunda reforma urbana tendiente a dotar de vivienda a todas las familias colombianas. Se expropiará a quien tenga más de una vivienda. Se incrementará la construcción de viviendas para eliminar el déficit que está alrededor de un millón de soluciones. Se expropiará a las grandes urbanizadoras privadas y piratas. 
• Se decretará la obligatoriedad del trabajo.

De manera que en la fase de la toma del poder, la agitación política para atraer a las masas hacia la revolución debe hacerse a través de una plataforma táctica antigobiernista, y nunca mediante el programa estratégico comunista. Por lo mismo, será allí, cuando lleguemos a la táctica, en donde abordaremos este aspecto de la plataforma política y en donde detallaremos su contenido posible” (Tomado de La toma del poder, escrito por su máximo dirigente, Hugo Antonio Toro, 1999).

Todos los textos fundadores revelan que las decisiones de alzamiento en armas se tomaban en medio de un mar de luchas no violentas por los mismos objetivos, que habían llegado a un callejón sin salida debido a la represión contra ellas.

Y, en efecto, cualquier recorrido histórico que se haga desde los años 60, 70, 80 y 90, mostrará un constante nacimiento y desarrollo de organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, indígenas, políticas, académicas, religiosas y humanitarias que propenden por un cambio de estructuras y que van siendo, una tras otra, ahogadas en su propia sangre.

GUERRAS JUSTAS E INJUSTAS, EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SU CALIFICACIÓN POLÍTICA

El primer concepto de la “guerra justa” surge en la edad antigua y específicamente en Roma. Gracias a la doctrina estoica, los filósofos establecieron que no se debía hacer una guerra si no era por una causa justa. Según los romanos, sin estar en estado de legítima defensa o para deshacer entuertos, un colegio de sacerdotes, los fetiales, certificaban si una campaña proyectada erabellum justum et pium. (35)

Este concepto de guerra justa sería retomado posteriormente en la Edad Media por el cristianismo con el fin de explicar el porqué la Iglesia permitía y legitimaba la guerra, puesto que, según algunos de sus discípulos, había una contradicción porque derramar tanta sangre también era castigado por las escrituras; por lo tanto, la Iglesia debería justificar su actitud.

Es entonces cuando San Agustín y más adelante Santo Tomás de Aquino, retoman la doctrina de la guerra justa. En aquel tiempo se decía que: “El orden natural es un reflejo del orden divino. El soberano legítimo tiene el poder de establecer y mantener este orden. Como el fin justifica los medios, los actos de guerra cometidos por causa del soberano pierden todo carácter de pecado. Esta guerra es declarada justa; Dios la quiere; a partir de este momento, el adversario es enemigo de Dios y, como tal, sólo podría hacer una guerra injusta” (36).

Posteriormente, aparece el teólogo español Francisco de Vitoria, de quien según Alejandro Valencia Villa, sólo se conocen varias relecciones, de las cuales se destaca la Relección segunda de los indios o del derecho de la guerra de los españoles contra los “bárbaros”, que trata cuatro puntos fundamentales: Si es lícito a los cristianos hacer la guerra, en quién reside la autoridad para declarar y hacer guerra, cuáles deben ser las causas de una guerra justa y qué cosas pueden hacerse contra los enemigos en una guerra justa. Para Vitoria, las circunstancias que ha de tener la guerra para que sea justa son las siguientes: “a. autoridad legítima (que se haga con autoridad de república perfecta, o de príncipe que presida o tenga las veces de ella); b. causa justa (la injuria que se hace a su príncipe y a su reino), y c. recta intención (que la intención en las guerras sea justa, es a saber, que no se mueva por codicia, o por crueldad” (37).

Sobre las características de la guerra revolucionaria en China, el estratega y dirigente de ese proceso, Mao Tse-Tung, escribe sobre el objeto de la guerra lo siguiente:

“La guerra, ese monstruo de matanza entre los hombres, será finalmente eliminada por el progreso de la sociedad humana y lo será en un futuro no lejano. Pero sólo hay un medio para eliminarla: oponer la guerra a la guerra, oponer la guerra revolucionaria a la guerra contrarrevolucionaria, oponer la guerra revolucionaria nacional a la guerra contrarrevolucionaria nacional y oponer la guerra revolucionaria de clase a la guerra contrarrevolucionaria de clase. La historia conoce sólo dos tipos de guerras: las justas y las injustas. Apoyamos las guerras justas y nos oponemos a las injustas; todas las guerras contrarrevolucionarias son injustas; todas las guerras revolucionarias son justas. Con nuestras propias manos pondremos fin a la época de las guerras en la historia de la humanidad, y la guerra que ahora hacemos es indudablemente parte de la guerra final. Pero la guerra que enfrentamos es al mismo tiempo, sin duda alguna, parte de la más grande y más cruel de todas las guerras. Se cierne sobre nosotros la más grande y más cruel de todas las guerras injustas contrarrevolucionarias. Si no levantamos la bandera la de la guerra justa, la gran mayoría de la humanidad será devastada. La bandera de la guerra justa de la humanidad es la bandera de la salvación de la humanidad. La bandera de la guerra justa de China es la bandera de la salvación de China. Una guerra sostenida por la gran mayoría de la humanidad y del pueblo chino es indiscutiblemente una guerra justa, es la empresa más sublime y gloriosa para salvar a la humanidad y a China, y un puente que conduce a una nueva era en la historia mundial. Cuando la sociedad humana progrese hasta llegar a la extinción de las clases y del Estado, ya no habrá guerras, ni contrarrevolucionarias ni revolucionarias, ni injustas ni justas. Ésa será la era de la paz perpetua para la humanidad. Al estudiar las leyes de la guerra revolucionaria, partimos de la aspiración de eliminar todas las guerras. Ésta es la línea divisoria entre nosotros, los comunistas, y todas las clases explotadoras” (38).

Entonces, cabe anotar que quien hace la guerra siempre buscará una razón para justificarla, y para éste, invariablemente su guerra será justa y a través de la historia hemos visto cómo los grandes dominadores siempre han intentado justificar sus conquistas y el aplastamiento de sus adversarios por razones religiosas o morales. Lo anterior no significa que en el mundo no se hayan dado guerras por causas justas como son las guerras que han librado los pueblos para liberarse del yugo de sus opresores o guerras independentistas, las guerras defensivas y las guerras en busca de un orden social, económico, político y cultural más justo.

Hasta hace muy poco tiempo, los Estados tenían derecho a hacer la guerra por necesidad de su política; tal decisión dependía de su soberanía. Esta situación cambió con la Carta de la Naciones Unidas, que prohibe la guerra e incluso a recurrir a cualquier modo de violencia. En la actualidad, solamente se puede iniciar la guerra por tres causas, a saber: las medidas emprendidas por las Naciones Unidas para restablecer la paz, las operaciones llevadas a cabo en legítima defensa y las guerras de liberación nacional.

No cabe duda que con esta prohibición se presentó un resurgimiento a la doctrina de la guerra justa, pues si los conflictos armados tienen origen por alguna de las razones anteriormente anotadas, tienen una justa causa.

Si para Clausewitz la guerra es la continuación de la política por medios violentos, el proceso de paz es precisamente seguir en la política por medios no violentos; por ello algunos teóricos sostienen que la política es guerra sin derramamiento de sangre, en tanto que la guerra es política con derramamiento de sangre.

La prueba de lo anterior es lo que sostienen teóricos en cuanto a que desde tiempos remotos jamás ha habido una guerra que no tenga unos fines e intereses de carácter político.

Hasta antes de la Revolución Francesa, en la Edad Media, en el desarrollo de la guerra, tanto por sus instrumentos como por sus métodos, dejaba menos espacio para la perfidia, entre otras cosas porque las armas no eran tan sofisticadas, pues antiguamente se utilizaba la lanza y el escudo; la lanza para atacar al adversario y el escudo para defenderse y conservarse a sí mismo, y cumplir el objetivo primordial en el combate: “conservar las fuerzas propias y destruir las enemigas”. En la actualidad la lanza ha sido sustituida por los fusiles, granadas morteros, entre muchos otros, y el escudo ha sido sustituido por cascos, chalecos antibalas o refugios antiaéreos.

Al igual que los instrumentos utilizados en la guerra, los modos de hacerla también han cambiado. En la Edad Media, los ejércitos escogían el campo de batalla, la lucha era casi que cuerpo a cuerpo, los dos bandos se presentaban en filas uno frente al otro, la ceremonia se iniciaba cuando sonaban las cometas y se iniciaba la contienda.

Es a partir de Napoleón cuando extendió la Revolución Francesa por el resto de Europa, que cambió la modalidad de la guerra, y ésta adquirió muchos más astucia, en especial cuando se trataba de combatir a enemigos con mayor número de hombres y con posiciones y territorios consolidados, y nace un factor fundamental: la sorpresa. Sorprender al enemigo y atacarlo cuando esté desprevenido, o cuando la región o circunstancias de lugar le dificulten su defensa y “favorezcan el ataque” se justifica en aras de la victoria. Los ejércitos aprendieron a “evitar el combate” cuando es el adversario el que está mejor parado y en buenas condiciones de defensa.

Hay que distinguir también que la guerra regular, también denominada guerra deposiciones, es aquella que normalmente se realiza entre ejércitos fuertes que defienden un territorio como sus bases militares y bienes de producción y económicos. Esta modalidad corresponde normalmente a las guerras entre naciones o guerras donde los ejércitos ejercen control y soberanía sobre un territorio, y otros ejércitos buscan quitarles esas posiciones e invadir esos territorios sometiendo a sus subditos y apropiándose de sus bienes.

Existe también la guerra irregular o guerra de movimientos o guerra de guerrillas, que por contraposición a la anterior la ejercen pequeños ejércitos que se encuentran en territorios enemigos y que no tienen zonas territoriales bajo su control absoluto, y que permanecen en un desplazamiento permanente ante la imposibilidad de desarrollar una guerra de posiciones contra ejércitos mucho más fuertes y numerosos que los aniquilarían en corto plazo, o incluso en una sola batalla, si pretendieran controlar o defender una posición. Esta modalidad de guerra es la típicamente utilizada por los movimientos de liberación en el mundo, sistema que ha sido la táctica empleada en Colombia por los movimientos insurgentes.

Precisamente de ahí a estos grupos se les denomina guerrilleros, que entre otras cosas, dicho término no sólo sería aplicable a los rebeldes con inspiraciones políticas de izquierda como usualmente se hace, sino a todo aparato militar que utilice la modalidad deguerra de guerrillas, sin importar que fuese de derecha o izquierda. Incluso en ocasiones los ejércitos regulares se vuelven irregulares cuando combaten en territorios ajenos, o para enfrentar en su propio territorio a grupos guerrilleros; por eso en Colombia algunos violentólogos han manifestado que las “brigadas móviles” son fuerzas irregulares que utilizan la guerra de guerrillas y por ello permanecen en constantes movimientos y de ahí su nombre de móviles, para combatir un enemigo en permanente movimiento.

La guerra de guerrillas o guerra de movimientos parte de la base de que son ejércitos pequeños, débiles, que no controlan territorios ni posiciones, que permanecen en movimiento, que tienen que enfrentar ejércitos mucho más numerosos y mejor armados, y que a través de la modalidad de combate que realizan, es decir, golpear al enemigo y replegarse (con asalto y cortos enfrentamientos), se van fortaleciendo, engrosando sus filas, consiguiendo armamento más sofisticado hasta lograr la aspiración de todo “ejército guerrillero” que es convertirse en “ejército regular”, y controlar un territorio y empezar a realizar una “guerra regular” es decir una “guerra de posiciones”, y acceder en el caso de las guerrillas revolucionarias al poder por la vía de las armas derrocando al gobierno existente.

En el desarrollo de todos estos años, los movimientos alzados en armas han buscado por diferentes mecanismos que el Estado modifique su política económica, social, de administración de justicia y de utilización de la fuerza pública. No puede desconocerse históricamente lo que fueron las peticiones y acuerdos firmados por el Estado con los movimientos cívicos que luchaban en lo fundamental por servicios públicos esenciales (agua, luz, teléfono, vías, suministro de alimentos, etc.), y que fueron sistemáticamente eliminados hasta su exterminio.

Políticamente no puede desconocerse la experiencia de las FARC-EP cuando firmaron una tregua con el gobierno de Belisario Betancur y el acuerdo político al que se llegó para constituir la Unión Patriótica, alternativa democrática para la paz ahogada en sangre desde el momento en que el nuevo partido obtuviera, hasta ese momento, la más alta votación de la izquierda del país. Alcaldes, diputados, parlamentarios, concejales y hasta dos candidatos a la presidencia por este movimiento político fueron asesinados. El exterminio se convirtió en genocidio político.

Tampoco puede olvidarse el esfuerzo realizado por un sector del movimiento guerrillero, en particular el M-19, que se reinsertó para darle prioridad a la política sobre las armas, y que logró que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente que, al menos en el terreno formal, logró una nueva Constitución con elementos importantes para afianzar una institucionalidad democrática. Pero los nuevos espacios políticos fueron rápidamente cerrados; el establecimiento no toleraría que las veleidades democráticas de la población pusieran en peligro los intereses del statu quo.

Los movimientos sociales han luchado a lo largo de la historia para reclamar reivindicaciones económicas, políticas, culturales y sociales a través de la resistencia pacífica. Los gobiernos han preferido la represión antes que el diálogo, el aniquilamiento antes que la concertación.

La investigación documentada por el proyecto Nunca Más da un ejemplo de esta práctica, la cual puede sintetizarse, en el período de 1965 hasta 1998, en unas 29 mil ejecuciones extrajudiciales, 4 mil 500 detenidos desaparecidos, unos 8 mil casos de tortura, 3 mil 500 presos y perseguidos políticos, 2 millones 500 mil personas desplazadas, destrucción de las organizaciones sindicales, campesinas, cívicas, indígenas y políticas, etc. Sin embargo, ni la represión legal, ni los crímenes contra la humanidad cometidos, han logrado doblegar la capacidad de resistencia del pueblo colombiano.

 


Notas:

 

 

 

Mario Madrid Malo, “Estudios sobre derechos fundamentales”, serie de textos de divulgación No 11, Defensoría del Pueblo, 1996.

Cfr. Rene Coste, Moral internacional, Ed. Herder, Barcelona, 1967, pp. 550-551. “La violencia y el cristiano”, en Tierra Nueva, No 1, Bogotá, abril de 1972, pp. 39-40.

Mario Madrid Malo, “Estudios sobre derechos fundamentales”, serie de textos de divulgación Nº 11, Defensoría del Pueblo, 1996, p. 149.

Luis Pablo Sico, La defensa justa, Ed. Ateneo, Buenos Aires, 1949, pp. 130 y ss.

Mario Madrid Malo, “Estudios sobre derechos fundamentales”, serie de textos de divulgación No 11, Defensoría del Pueblo, 1996, p. 150.

Pedro E. Haba, La idea de totalitarismo y la libertad individual, Ed. Temis, Bogotá, 1976, p.41.

Mario Madrid Malo, Estudios sobre derechos fundamentales, Serie de textos de divulgación Nº 11, Defensoría del Pueblo, 1996, p. 151.

Aristóteles, Política, libro III, Capítulo V

Pío XI. Encíclica Firmissimam Constantiam.

Paulo VI. Encíclica Populorum Progressio, Nº 31.

Mounier Emmanuel, “Revolución personalista y comunitaria” en Obras completas, Ed. Sígueme, Salamanca, 1992, T. I, p. 426.

Mario Madrid Malo, “Estudios sobre derechos fundamentales”, serie de textos de divulgación No 11, Defensoría del Pueblo, 1996, p. 147.

Rene Coste, Las comunidades políticas, Ed. Herder, Barcelona, 1971, pp. 350-351.

Diccionario de la Lengua Española, Editorial Planeta, S.A, 1982, edición colombiana, enero de 1988, p. 1.060.

Diccionario militar aeronáutico, naval y terrestre, Bibliografía Omeba Editores Libreros, Buenos Aires, Argentina, 1963, G. Cabanellas de Torres (compilador), tomo IV p. 222.

Breve diccionario etimológico de la Lengua Española, p. 588. Fondo de Cultura Económica, S.A., México, 1988. Guido Gómez de Silva (compilador).

Alejandro Aponte D., en revista Pensamiento jurídico No 5, p. 91.

Ibídem,p.92.

Luis Carlos Pérez, La guerrilla ante los jueces militares. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1987, p.129.

Luis Carlos Pérez, Derecho penal, tomo III, 2a edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1990,p.126.

Luis Carlos Zarate E., El delito político. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá, 1996, p.ll.

Entrevista con Gloria Gaitán.

Comisión Internacional Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, 27 de mayo de 1998.

Programa agrario de las FARC, Ediciones Resistencia, 1974.

Tomado de Las verdaderas intenciones de las FARC, Corporación Observatorio para la Paz. Intermedio Editores, 1999, documento: Plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional, p. 32 y ss.

FARC-EP, Octava Conferencia Nacional Guerrillera, comandante Jacobo Arenas, estamos cumpliendo, 3 de abril de 1993. Las verdaderas intenciones de las FARC, Corporación Observatorio para la paz, 1999.

Selecciones del boletín Insurrección, órgano del Ejército de Liberación Nacional, mimeografiado, sin fecha, p. 11.

Tomado de Las verdaderas intenciones del ELN. Corporación Observatorio para la Paz. Documento Manifiesto de Simacota, Intermedio Editores, 2001, p. 45 y ss.

Tomado de Las verdaderas intenciones del ELN. Corporación Observatorio para la paz. Documento Declaración Programática del ELN, Intermedio Editores, 2001, p. 67 y ss.

Acta del X Congreso del PC M-L, 19-1, citada por Alvaro Villarraga y Nelson Plazas, Para reconstruir los sueños. Fondo Editorial para la Paz, Fundación Progresar, Bogotá, 1994, p. 29.

Cfr. Villarraga y Plazas, Op. Cit., p. 40.

Tomado de Origen y desarrollo del movimiento revolucionario colombiano. Ulises Casas. 2a edición. Bogotá, enero de 1990.

Cfr. Patricia Lara, Siembra vientos y recogerás tempestades. Editorial Punto de Partida, Bogotá, 5a edición, 1982, p. 185.

Tomado de Movimiento Jorge Eliécer Gaitán (JEGA), Proyecto Estratégico y Táctico. Del Programa Revolucionario y de la Forma de la Revolución, Editorial Fiat Lux, p. 35 y ss.

Jean Pictet, Desarrollo y principios del Derecho Internacional Humanitario, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1997.

Ibídem.

Alejandro Valencia Villa, Derecho Humanitario para Colombia, serie de textos de divulgación Nº 8, Defensoría del Pueblo.

Mao Tse-Tung, Obras Escogidas, tomo I, p. 197, Edición en lenguas extranjeras. Pekín, 1972.

Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor- Derechos Human Rights el 02dic02

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