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| pase de Charola. Cansados de los abusos y las extorsiones, vendedores ambulantes denunciaron las corruptelas de la Subsecretaría de Programas Delegacionales.Foto:Archivo |
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Dirigentes de organizaciones de vendedores ambulantes presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con la que se destapa una presunta red de corrupción al interior de la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública que encabeza Héctor Serrano.
De acuerdo con el documento, con número de folio 08129, del cual Crónica posee una copia, líderes de comerciantes informales como Alejandra Barrios, Maria Rosete, Esther Chavarría, Sofía Trejo y Miguel Ángel Huerta, entre otros, son extorsionados por Jesús Alberto Romero Cárdenas, subdirector de Reforma Política, y por Arturo Zavala Munguía (sic), jefe de Unidad Departamental, así como por Jaime Martínez Márquez, líder Coordinador de Proyectos; Rubén Alberto García Cuevas, jefe de Unidad Departamental y Christian Velasco, quien ocupa el cargo de concertador.
Al respecto, el fiscal Central de Investigación para Servidores Públicos, Manuel Escalante Villarruel, confirmó a este diario que esta denuncia fue presentada por un grupo de personas, quedando pendiente su ratificación.
Según la denuncia, Romero Cárdenas exige a los vendedores ambulantes cuotas que van desde los siete mil y hasta los 120 mil pesos, dependiendo del número de agremiados de cada organización, ello con el fin de contar con un espacio fijo para vender sus mercancías.
Asimismo, los inconformes señalan que este servidor público se apropió del 20 por ciento de las plazas y predios que les otorgó el Gobierno capitalino, para venderlos en cinco mil y hasta 150 mil pesos, dependiendo del tamaño del espacio y la ubicación de la plaza, a personas que nunca han sido comerciantes del Centro Histórico.
En lo que respecta a García Cuevas, los denunciantes aseguran que esta persona es la encargada de realizar los convenios en comodato, de entrega de espacios para lo cual solicita cuotas que van desde 15 mil hasta 70 mil pesos.
“Hemos de aclarar que todos y cada uno de los espacios que nos fueron asignados por Jesús Alberto Romero Cárdenas y Rubén Alberto García Cuevas, nos fueron entregados físicamente en la zona asignada por Jaime Martínez Márquez, Arturo Zavala Munguía y Christian Velasco Zamora, para así de manera conjunta seguir generando presión y obligarnos a realizar el pago de dinero que nos exigen a cada dirigencia, logrando con ello, extorsionarnos”, señala el documento.
Riquezas. Del mismo modo, los dirigentes de ambulantes comentan que estos funcionarios tienen como mecanismo de cobro una llamada por medio de celular para informarles la fecha y horario en que pasarían a recoger el dinero. Incluso, aseguran que también les exigen teléfonos celulares, ropa o estéreos.
Según la denuncia de hechos, estos servidores públicos obtienen ganancias cercanas a los 270 mil pesos mensuales, con lo que han podido incrementar sus bienes inmuebles; como el caso de Romero Cárdenas, quien se compró un automóvil Volkswagen Bora modelo 2008, color negro con número de matrícula 493VCU.
El funcionario, señala el documento, adquirió el vehículo a través de su prestanombres Alejandra Balandrán, quien, aseguran, es su asistente.
Además de este auto, Romero Cárdenas le compró a Sergio Jiménez Barrios, hijo de Alejandra Barrios, una camioneta Jeep color blanco, que suma a otro vehículo marca Renault verde con placas 485SHM.
En el caso de Jaime Martínez Márquez, los inconformes aseguran que compró tres departamentos, uno de ellos se ubica en la calle de Arteaga 25, interior 3, entre Lerdo y Soto, colonia Guerrero, además de auto de la marca Volvo, una camioneta Explorer, un Atos, un Passat color gris con matrícula 911ERM y motocicletas de carreras.
Finalmente, los dirigentes de ambulantes afirman que Christian Velasco Zamora laboraba en la Agencia Federal de Investigación, de donde fue despedido “por extorsionador”, la Contraloría General de la República (sic) lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante un periodo de seis años.
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